La nueva Ley General Audiovisual fue aprobada ayer por la Comisión Constitucional del Congreso y remitida al Senado para proseguir su tramitación hasta su aprobación final, que deberá realizarse antes de la culminación del apagón analógico, el próximo 3 de abril. Entre otros puntos, la Ley impedirá llevar a cabo los deseos de algunos gobiernos autonómicos sobre la privatización de las televisiones públicas autonómicas.
La Ley obliga a las televisiones autonómicas a que éstas desarrollen su actividad siempre de acuerdo con el régimen previsto en el momento de su concesión administrativa desde el Ministerio de Industria. De esta manera, no podrá cambiarse la titularidad de las cadenas.
Esta obligación llega de la mano de IU a través de una enmienda y del apoyo de ICV con una enmienda transaccional, de tal forma que tras pactarlo con el PSOE, estos grupos decidieron blindar la titularidad de las televisiones públicas para evitar su traspaso a manos privadas.
Intenciones de privatización
Dos han sido los casos más explícitos en los que se han declarado o iniciado las intenciones de privatización.
>Por un lado, la autonómica valenciana RTVV (Canal 9, Punt 2) inició los trámites para la puesta en marcha de un concurso que adjudicara la gestión de diferentes servicios internos de RTVV, como el suministro de contenidos audiovisuales, el servicio de promoción e intermediación de espacios publicitarios y la edición de informativos y suministro de noticias, pero se vio obligada a pararlos en mayo de 2004 tras el recurso de UGT en los juzgados valencianos. Éste prosperó y la resolución fue contraria a RTVV, que recurrió y que en julio de ese año se encontró la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que mantenía la sentencia del juzgado número dos de Valencia por la que anuló la decisión del Consejo de Administración de RTVV que aprobaba esa privatización.
>Por otro lado, Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, declaró en octubre de 2006 que su intención era privatizar Telemadrid y que estaba dispuesta a pedir cambios legislativos a José Luis Rodríguez Zapatero para conseguirlo. Aguirre logró en octubre de 2007 que saliera adelante una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid para instar al Gobierno central a que modificara la normativa de la Ley de Terceros Canales con el fin de privatizar la gestión del Ente Público RadioTelevisión de Madrid (RTVM), pero manteniendo pública su titularidad. El PP esgrimía entonces que el modelo vigente de gestión es inviable ante el nuevo marco que propone la TDT y solicitaba así la libertad legislativa para cambiarlo.