El PP cree que se han producido cambios que justifican la renuncia. El Ejecutivo defiende el proceso y avanza que su ejecución se encuentra en su fase final.
Por enésima vez, el sector audiovisual volvió a ser objeto de debate en el Parlamento de Canarias y, por enésima vez, quedó en evidencia que su futuro es de todo menos halagüeño. En este caso tocó debatir sobre el polémico concurso de adjudicación de las licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT), un procedimiento que los tribunales obligaron a retrotraer a sus inicios -2007-, y cuya resolución actual genera discrepancias entre el Ejecutivo canario y el principal partido de la oposición, el Partido Popular.
La diputada del PP Águeda Montelongo exigió ayer al Gobierno de Paulino Rivero que renuncie al actual concurso para el reparto de las TDT por diversas razones que, a su juicio, lo hacen inviable.
Por un lado, considera la diputada que las ofertas se presentaron en un contexto económico que en nada tiene que ver con el actual. Además, el marco jurídico de hace siete años era diferente al rige en la actualidad, con la aprobación de la Ley General Audiovisual. Y a ello se suma que los elementos técnicos de esas ofertas en nada tienen que ver con lo que hay ahora en el mercado. A lo mejor se va a dar una concesión con una tecnología obsoleta, alertó Montelongo. Pero, además, la diputada remarcó que en la nueva legislación estatal la concesión pasa a ser licencia y el periodo de vigencia se amplia de 10 a 15 años. Y el volumen de negocio que se planteaba en las ofertas era a diez años, precisó.
Con respeto a la posible responsabilidad patrimonial que tendría que afrontar el Gobierno si renunciara al actual concurso, Águeda Montelongo indicó que ya se está pagando por los recursos que los tribunales están fallando en contra del Ejecutivo. Hay que valorar ese aspecto, añadió. Javier González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, por el contrario, recordó al PP que había participado en el concurso que luego anularon los tribunales, y sostuvo que lo que ha hecho el Gobierno es cumplir la sentencia emitida por el Tribunal Supremo del pasado año. Esto es, emitir un nuevo informe con mayor grado de motivación que el que dio lugar a la adjudicación de octubre de 2007.
En este sentido, González Ortiz avanzó que la ejecución del concurso se encuentra en su fase final, y defendió la actuación del Ejecutivo al respecto. Se ha hecho todo en cumplimiento estricto del fallo del TS.