El pleno del Gobierno valenciano ha nombrado a Ernesto Moreno nuevo director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) por el procedimiento de urgencia. El nombramiento se ha realizado a través de un decreto ley para cubrir el vacío de poder en la empresa pública tras la dimisión de Rosa Vidal. El presidente valenciano cerrará antes de que acabe el año RTVV por su coste y trabaja en un ente similar al de Castilla y León para el final de la legislatura.
Moreno era hasta ahora subdirector del holding público Culturarts y había sido uno de los gerentes del Palau de les Arts de Valencia. El resto de consejeros serán José Serralde, de Castellón; Bartolomé Orozco, de Alicante; y los valencianos Luis Bertomeu y Vicente Burgos. El decreto ley ha facultado al Gobierno valenciano para nombrar a todos los cargos vacantes del consejo de administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), incluido un nuevo director general, sin esperar a su elección por Les Corts después de que los cconsejeros de la oposición en la empresa pública hayan tomado el control de la sociedad pública.
El citado decreto, publicado en número extraordinario del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y que entra en vigor hoy mismo, modifica tres artículos de la Ley 3/2012 de 20 de julio sobre el Estatuto de Radiotelevisión Valenciana. En el preámbulo del decreto se indica que ante la renuncia de determinados miembros del consejo de administración y de su directora general y la imposibilidad de proceder de forma inmediata a la renovación de cargos, se requiere la adopción de medidas urgentes que aseguren la administración de RTVV y el normal funcionamiento del servicio público.
Sobre la actual situación de la radio y televisión públicas se argumenta que se ha dado una situación de ausencia de gobierno y administración que impide los principios legales de actuación. Esa incertidumbre, según consta en el preámbulo del decreto, repercute en el funcionamiento de la entidad, que carece de gobierno y de un responsable que garantice el cumplimiento de los objetivos generales, el respeto de los principios de programación, así como la buena administración y gobierno.
Entiende el Consell que esta situación impide asegurar la debida protección de los activos de una entidad perteneciente al sector público, con el riesgo que ello conlleva. Estas circunstancias impiden que se puedan ejercer funciones de trascendencia como autorizar pagos y gastos. La grave situación requiere una respuesta inmediata que no es posible llevar a cabo con el marco legal actualmente existente, añade el preámbulo. Por este motivo, resulta necesaria la adopción de medidas urgentes que con la mayor celeridad aseguren la administración de la mercantil pública y el restablecimiento del normal funcionamiento del servicio público, concluye el citado preámbulo
Fabra perfila otro modelo de televisión tras el cierre de Canal 9
La Generalitat acelerará el proceso de liquidación de Radio Televisión Valenciana (RTVV) para cerrar la empresa pública antes de que acabe el año y comenzar el diseño de un nueva televisión ajustado a la realidad económica actual y a los objetivos de déficit marcados por el Gobierno. Fuentes del Ejecutivo que preside Alberto Fabra explicaron ayer a ABC que el presidente valenciano ya ha dado órdenes para perfilar la puesta en marcha antes de que termine la legislatura de una televisión a través de una concesión administrativa (aunque queda por definir la fórmula) y que replicaría un modelo similar al puesto en marcha por Castilla y León, de capital cien por cien privado, que inicio sus emisiones hace más de cuatro años y medio. Fabra expuso esta posibilidad durante la reunión mantenida con su Gobierno el pasado martes en la que se acordó dar por finalizado el periplo de veinticuatro años de RTVV.
A pesar de la presión ejercida desde el comité de empresa -los trabajadores tomaron ayer literalmente la parrilla de la televisión valenciana- y de que la actual directora general de la empresa pública, Rosa Vidal, que ayer dimitió al no estar de acuerdo con el proceso de liquidación, el presidente de la Generalitat advirtió ayer de que la decisión «se ejecutará rápido» y resulta «innegociable». Fabra es consciente del perjuicio en términos de imagen que supone decretar el primer cierre de una televisión autonómica en España, por lo que valora la posibilidad de crear una nueva sociedad que se ceñiría a dar cobertura informativa autonómica con un modelo de titularidad privada nutrido con subvenciones públicas y cuyas magnitudes estarían muy alejadas de las actuales.
De hecho, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de decretar la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a cerca de un millar de trabajadores, la situación de RTVV se tornó, en palabras de Fabra, «insostenible». Con una deuda asumida por las arcas de la Generalitat superior a los 1.200 millones de euros, la readmisión de los despedidos habría supuesto un coste adicional de cuarenta millones al año para un plantilla cercana a los 1.800 efectivos.
El nuevo modelo nacerá libre de cargas financieras y con una nómina de trabajadores que quedaría lejos de las magnitudes en las que hasta ahora funcionaba la empresa, que tras la ejecución del ERE había quedado con setecientos trabajadores. El paso dado por Fabra cuenta, además, con el aval del Gobierno. De hecho, transmitió su decisión de cerrar RTVV al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ayer, el titular de Industria, José Manuel Soria, explicó que «estamos en un momento de restricción de recursos públicos en todos los ámbitos administrativos y si no hay recursos suficientes para todo, hay que priorizar y me parece muy bien la prioridad de Fabra».
En este sentido, el presidente de la Generalitat ha antepuesto que la «línea roja de mi Gobierno pasa por mantener los servicios básicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales». El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que hace dos años el presupuesto de RTVV ascendía a 183 millones de euros. Para el próximo ejercicio, una vez ejecutado el ERE, estaba previsto reducir el gasto a la tercera parte.
Ahora, tras la sentencia que anula el ERE y, por consiguiente, deja sin efecto la planificación prevista por la Generalitat, el Gobierno valenciano asumirá el coste de liquidar RTVV, que supondrá poco más de sesenta millones (el equivalente a su presupuesto para el próximo año). Fabra insistió en que «no cerraré ningún colegio ni ningún hospital para mantener la televisión pública» y advirtió de que seguirá reivindicando ante el Gobierno un nuevo modelo de financiación autonómica que «permita cubrir los servicios básicos», que marcó como su «línea roja»