Bruselas declaró ilegales tales ayudas, que tienen un montante de 260 millones de euros, condenando a España a devolver tal cifra a la Unión Europea, pero España recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE. El miércoles se hará pública la decisión del Tribunal sobre las ayudas.
En 2005 el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero concedió ayudas a operadores como Abertis Telecom, que posee una amplia red de emisores terrestres, para llevar la señal de TDT a regiones con escasa densidad de población que suponen el 2,5% de la población y que por entonces estaban fuera de cobertura. Operadores de cable regional y SES, propietaria del satélite Astra, decidieron impugnar las ayudas, y finalmente recibieron el respaldo de Bruselas. Según el ejecutivo comunitario, las ayudas tienen carácter ilegal por ser discriminantes hacia los operadores que no prestaban servicio de TDT sino por otros medios como el satélite, lo que rompió el principio de neutralidad tecnológica defendido desde Bruselas.
El Gobierno español decidió recurrir la decisión alegando que puesto que la legislación no obliga a las compañías de televisión a desplegar su señal sobre el 100% de la población a través del medio terrestre, era necesario intervenir para ayudar al despliegue total y dejar sin cobertura a los pequeños núcleos de población repartidos por la geografía española. Según la legislación vigente, las operadoras de televisión privada deben cubrir al menos el 96% de la población, mientras que el límite se eleva al 98% en caso de las televisiones públicas.
La decisión sobre el recurso presentado por España se conocerá el miércoles. Un resultado negativo para España significará la devolución íntegra de las ayudas a la Unión Europea.