El plazo oficial fue ampliado en el último Consejo de Ministros del año pasado hasta el 31 de marzo, lo que permitirá que los edificios que necesitan la adaptación (algo menos de la mitad aún no se han apdatado) no perder ningún canal de televisión. No obstante, el Ministerio baraja la posibilidad de que pueda adelantarse ligeramente el cese del simulcast de emisiones.
Este retraso, no obstante, tendrá un coste, que ya ha sido calculado por el Gobierno, tal y como se refleja la memoria de impacto económico que acompaña al decreto ley de Medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Cada día de retraso costará 127.500 euros, que multiplicado por los 90 días que suman enero, febrero y marzo, da como resultado 11.475.000 euros en total. Este coste, en realidad es el dinero que dejará de percibirse en concepto de tasa por reserva del uso del espectro para las operadoras de telecomunicaciones.
Además, a las operadoras se les compensará con la prolongación de sus licencias con 1,27 días por cada jornada de retraso, alcanzando así 115 días más de servicio empleando la misma licencia.
Este plazo de tres meses se considera más que suficiente en el Ejecutivo para que todos los hogares que necesitan adaptación puedan finalmente recibir las nuevas frecuencias definitivas de TDT sin perder ningún canal.