Desmantelado un grupo familiar de empresarios dedicado a la piratería audiovisual que obtuvo ganancias superiores a los 5 millones de euros.
La Policía Nacional ha detenido a nueve personas implicadas en un esquema criminal liderado por un clan familiar de empresarios asentado en Málaga, especializado en la distribución ilegal de contenidos audiovisuales. Según fuentes policiales, el grupo criminal obtuvo más de 5 millones de euros mediante pagos ilegales durante el periodo investigado, dinero que posteriormente blanqueaban mediante inversiones inmobiliarias.
Las detenciones tuvieron lugar en las provincias de Málaga y Jaén, resultando en seis arrestos en Málaga y otros tres en Jaén. En la operación policial también se ejecutaron seis registros simultáneos en ambas provincias, en viviendas particulares, locales comerciales y una nave industrial empleada para almacenar material ilegal.
El clan, según los investigadores, operaba mediante una compleja red empresarial destinada a recibir y gestionar los pagos ilegales procedentes de usuarios que contrataban sus servicios ilícitos para acceder a contenidos audiovisuales protegidos por derechos de autor. Con la finalidad de blanquear estos ingresos ilegales, adquirieron bienes muebles e inmuebles valorados en más de 3,2 millones de euros, que inscribían principalmente a nombre de la cabeza del clan familiar.
La investigación comenzó en diciembre de 2023 tras una denuncia presentada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), alertando sobre la comercialización no autorizada de contenidos audiovisuales a través de una página web.
Los acusados utilizaban un sistema de distribución basado en la venta de decodificadores manipulados con software ilegal que permitía el acceso ilícito a plataformas de pago mediante servidores de cardsharing. Miles de usuarios recibieron instrucciones detalladas sobre cómo manipular estos dispositivos para acceder ilegalmente a contenidos audiovisuales.
Las autoridades examinaron más de 60 cuentas bancarias relacionadas con la trama, determinando un beneficio ilícito superior a 5 millones de euros, sin contar las pérdidas económicas ocasionadas a los legítimos propietarios de los derechos audiovisuales.
Además de los detenidos, otras dos personas fueron interrogadas en Málaga como investigados no detenidos en relación con este delito.
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