La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Telefónica de España S.A.U. debido a indicios de incumplimiento de los compromisos adquiridos tras la compra de DTS (anteriormente Sogecable) en abril de 2015. Esta investigación tiene como objetivo verificar si la operadora ha respetado las condiciones impuestas para la aprobación de esta operación de concentración empresarial, orientadas a garantizar la competencia en el sector audiovisual.
La operación de adquisición de DTS fue autorizada por la CNMC bajo estrictas condiciones para evitar que Telefónica aprovechara su posición de dominio en el mercado. Entre los compromisos asumidos, destacaban la regulación de la duración y los términos de los contratos de adquisición de contenidos, el acceso a canales premium a la carta y la oferta de condiciones específicas para la comercialización mayorista de estos canales. Estas obligaciones, diseñadas inicialmente para un periodo limitado, fueron prorrogadas por tres años adicionales en 2020 para reforzar la vigilancia sobre el cumplimiento.
Sin embargo, tras un análisis realizado en 2022, la CNMC detectó posibles incumplimientos en diferentes áreas clave. Según la resolución emitida en noviembre de ese año, se habrían identificado irregularidades en la gestión de ciertos contratos de adquisición de contenidos firmados entre mayo de 2017 y enero de 2020. Asimismo, se señaló que la política de oferta de canales a la carta en el segmento minorista podría haber vulnerado los compromisos asumidos durante el periodo comprendido entre julio de 2017 y julio de 2018. Además, se observó que las condiciones de las ofertas mayoristas de canales durante los años 2017, 2018 y 2019 podrían no haberse ajustado a las obligaciones establecidas.
El inicio de este expediente sancionador no implica un juicio definitivo sobre la conducta de Telefónica. La investigación, que tendrá un plazo máximo de tres meses, buscará esclarecer los hechos y determinar si se ha producido una infracción. En caso afirmativo, la CNMC podría imponer sanciones proporcionales a la gravedad de los incumplimientos.
Con este expediente, la CNMC reafirma su compromiso de velar por el respeto a las normativas de competencia, esenciales para proteger a los consumidores y garantizar un mercado equilibrado. La resolución final será clave para determinar las consecuencias de estas posibles irregularidades y para sentar precedentes en la supervisión de futuras operaciones de concentración en sectores estratégicos como el audiovisual.
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