Índice de la Ley 7/2010

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

1 Texto (1/2)
2 Texto (2/2)
3 Título I. Disposiciones generales
4 Artículo 1. Objeto de la ley.
5 Artículo 2. Definiciones. (1/2)
6 Artículo 2. Definiciones. (2/2)
7 Artículo 3. Ámbito de aplicación.
8 Título II. Normativa básica para la Comunicación Audiovisual
9 Capítulo I. Los derechos del público
10 Artículo 4. El derecho a recibir una comunicación audiovisual plural.
11 Artículo 5. El derecho a la diversidad cultural y lingüística.
12 Artículo 6. El derecho a una comunicación audiovisual transparente.
13 Artículo 7. Los derechos del menor.
14 Artículo 8. Los derechos de las personas con discapacidad.
15 Artículo 9. El derecho a la participación en el control de los contenidos audiovisuales.
16 Capítulo II. Los derechos de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual
17 Artículo 10. La libertad de prestación del servicio de comunicación audiovisual.
18 Artículo 11. El derecho de acceso a los servicios de comunicación electrónica.
19 Artículo 12. El derecho a la autorregulación del prestador del servicio de comunicación audiovisual.
20 Artículo 13. El derecho a crear canales de comunicación comercial y programas o anuncios de autopromoción.
21 Artículo 14. El derecho a emitir mensajes publicitarios.
22 Artículo 15. El derecho a emitir mensajes de venta.
23 Artículo 16. El derecho al patrocinio.
24 Artículo 17. El derecho al emplazamiento de productos.
25 Artículo 18. Comunicaciones comerciales prohibidas en cualquiera de sus formas.
26 Artículo 19. El derecho a contratar la emisión en exclusiva de contenidos audiovisuales.
27 Artículo 20. La potestad para excluir la emisión codificada de acontecimientos de interés general para la sociedad.
28 Artículo 21. Compraventa de derechos exclusivos de las competiciones futbolísticas españolas regulares.
29 Título III. Normas básicas para la regulación y coordinación del Mercado de Comunicación Audiovisual
30 Capítulo I. Régimen jurídico básico de la prestación de servicios de comunicación audiovisual en un mercado transparente y plural
31 Artículo 22. Régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual de interés general.
32 Artículo 23. La comunicación previa.
33 Artículo 24. Régimen jurídico de las licencias audiovisuales.
34 Artículo 25. Requisitos para ser titular de una licencia de comunicación audiovisual.
35 Artículo 26. Limitaciones por razones de orden público audiovisual.
36 Artículo 27. Concursos para la concesión de licencias de prestación de servicios audiovisuales.
37 Artículo 28. Duración y renovación de las licencias audiovisuales.
38 Artículo 29. Negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual.
39 Artículo 30. Extinción de las licencias audiovisuales.
40 Artículo 31. Explotación de redes de comunicación electrónica y servicios de comunicación audiovisual.
41 Artículo 32. Servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.
42 Artículo 33. Registros de prestadores del servicio de comunicación audiovisual.
43 Artículo 34. Televisión en movilidad.
44 Artículo 35. Televisión en Alta Definición.
45 Artículo 36. Pluralismo en el Mercado Audiovisual Televisivo.
46 Artículo 37. Pluralismo en el Mercado Audiovisual Radiofónico.
47 Capítulo II. La libertad de recepción de los servicios de comunicación audiovisual prestados desde fuera de España
48 Artículo 38. Libertad de recepción de los servicios prestados dentro del Espacio Económico Europeo.
49 Artículo 39. Servicio de Comunicación Audiovisual dirigido total o principalmente al territorio español.
50 Título IV. Los prestadores públicos del servicio de Comunicación Audiovisual
51 Artículo 40. Servicio público de comunicación audiovisual.
52 Artículo 41. La función de servicio público audiovisual y su control.
53 Artículo 42. Límites para los prestadores de servicio público audiovisual de titularidad pública.
54 Artículo 43. Regulación de la financiación de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual.
55 Título V. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
56 Capítulo I. Naturaleza, fines y régimen jurídico
57 Artículo 44. Naturaleza.
58 Artículo 45. Fines.
59 Artículo 46. Régimen jurídico.
60 Capítulo II. Funciones
61 Artículo 47. Funciones.
62 Artículo 48. Potestades y facultades.
63 Capítulo III. Organización y garantías de independencia
64 Artículo 49. Órganos directivos.
65 Artículo 50. Estatuto personal.
66 Artículo 51. Comité Consultivo.
67 Artículo 52. Garantía patrimonial y financiera.
68 Capítulo IV. Responsabilidad del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
69 Artículo 53. Control parlamentario del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
70 Artículo 54. Agotamiento de la vía administrativa y control jurisdiccional.
71 Título VI. Régimen sancionador básico
72 Artículo 55. Principios generales.
73 Artículo 56.
74 Artículo 57. Infracciones muy graves.
75 Artículo 58. Infracciones graves.
76 Artículo 59. Infracciones leves.
77 Artículo 60. Sanciones.
78 Artículo 61. Responsabilidad por la comisión de infracciones.
79 Disposición adicional primera. Constitución de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.
80 Disposición adicional segunda. Participación de las Comunidades Autónomas en la planificación estatal del espacio radioeléctrico.
81 Disposición adicional tercera.
82 Disposición adicional cuarta. Régimen especial aplicable a Canarias.
83 Disposición adicional quinta. Gestión directa del servicio público de radio y televisión de titularidad estatal.
84 Disposición adicional sexta.
85 Disposición transitoria primera. Procedimiento aplicable en los concursos convocados de acuerdo con la legislación anterior.
86 Disposición transitoria segunda. Derechos reconocidos y títulos otorgados antes de la entrada en vigor de esta Ley.
87 Disposición transitoria tercera. Conversión de los actuales Registros de Sociedades Concesionarias para la gestión indirecta del servicio público esencial de la televisión; de Empresas Radiodifusoras, Especial de Operadores de Cable y creación del Registro Estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual.
88 Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de incompatibilidades de licencias.
89 Disposición transitoria quinta. Servicios de apoyo para las personas con discapacidad.
90 Disposición transitoria sexta. Catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad.
91 Disposición transitoria séptima. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
92 Disposición transitoria octava. Primer mandato de los miembros del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
93 Disposición transitoria novena. Mejora tecnológica y aprovechamiento del dominio público radioeléctrico para la prestación del servicio de comunicación audiovisual.
94 Disposición transitoria décima. Revisión de la planificación y de las concesiones para la gestión de las televisiones locales por ondas hertzianas.
95 Disposición transitoria undécima. Cobertura de la televisión digital terrestre en Canarias.
96 Disposición transitoria duodécima. Vigencia de los contratos de adquisición de los derechos de las competiciones futbolísticas.
97 Disposición transitoria decimotercera. Emisión de comunicación comercial audiovisual.
98 Disposición transitoria decimocuarta. Servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro existentes.
99 Disposición transitoria decimoquinta. Digitalización del servicio de radiodifusión sonora terrestre.
100 Disposición final primera. Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
101 Disposición final segunda. Modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal.
102 Disposición final tercera. Modificación de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
103 Disposición final cuarta. Mandato marco a la Corporación RTVE.
104 Disposición final quinta. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
105 Disposición final sexta. Título competencial.
106 Disposición final séptima. Habilitación normativa.
107 Disposición final octava. Entrada en vigor.
108 Firma

Contenido

Artículo 5. El derecho a la diversidad cultural y lingüística.

1. Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual incluya una programación en abierto que refleje la diversidad cultural y lingüística de la ciudadanía. Las Comunidades Autónomas con lengua propia podrán aprobar normas adicionales para los servicios de comunicación audiovisual de su ámbito competencial con el fin de promover la producción audiovisual en su lengua propia.

2. Para la efectividad de este derecho, los prestadores del servicio de comunicación televisiva de cobertura estatal o autonómica deben reservar a obras europeas el 51% del tiempo de emisión anual de cada canal o conjunto de canales de un mismo prestador con exclusión del tiempo dedicado a informaciones, manifestaciones deportivas, juegos, publicidad, servicios de teletexto y televenta. A su vez, el 50% de esa cuota queda reservado para obras europeas en cualquiera de las lenguas españolas. En todo caso, el 10% del total de emisión estará reservado a productores independientes del prestador de servicio y la mitad de ese 10% debe haber sido producida en los últimos cinco años. Los prestadores de un catálogo de programas deben reservar a obras europeas el 30% del catálogo. De esa reserva la mitad lo será en alguna de las lenguas oficiales de España.

3. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva de cobertura estatal o autonómica deberán contribuir anualmente a la financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, así como documentales y películas y series de animación, con el 5 por 100 de los ingresos devengados en el ejercicio anterior conforme a su cuenta de explotación, correspondientes a los canales en los que emiten estos productos audiovisuales con una antigüedad menor a siete años desde su fecha de producción. Para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública de cobertura estatal o autonómica esta obligación será del 6 por 100.

La financiación de las mencionadas obras audiovisuales podrá consistir en la participación directa en su producción o en la adquisición de los derechos de explotación de las mismas. Como mínimo, el 60 por 100 de esta obligación de financiación, y el 75 por 100 en el caso de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública, deberá dedicarse a películas cinematográficas de cualquier género. De este importe, al menos el 50 por 100 deberá aplicarse en el conjunto del cómputo anual a obras de productores independientes. En las coproducciones no se contabilizará a estos efectos la aportación del productor independiente. Asimismo, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual deberán dedicar como mínimo un 40 por 100, y el 25 por 100 en el caso de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública del total de su respectiva obligación de financiación a películas, series o miniseries para televisión. Dentro de estos porcentajes, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública deberán dedicar un mínimo del 50% a películas o miniseries para televisión.

Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual cuya obligación de inversión venga derivada de la emisión, en exclusiva o en un porcentaje superior al 70% de su tiempo total de emisión anual, de un único tipo de contenidos, siendo éstos películas cinematográficas, series de televisión, producciones de animación o documentales, podrán materializarla invirtiendo únicamente en este tipo de contenidos siempre que se materialicen en soporte fotoquímico o en soporte digital de alta definición. En todo caso, el 60 por 100 de la financiación conjunta prevista en este artículo se destinará a la producción en alguna de las lenguas oficiales de España.

No podrá computarse a los efectos de este artículo la inversión o la compra de derechos de películas que sean susceptibles de recibir la calificación X de conformidad con la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. También están sometidos a la obligación de financiación establecida en este artículo los prestadores del servicio de comunicación electrónica que difundan canales de televisión y los prestadores de servicios de catálogos de programas. Quedan excluidas de esta obligación las televisiones locales que no formen parte de una red nacional.

El control y seguimiento de las obligaciones contenidas en este punto corresponderá al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, previo dictamen preceptivo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y sin perjuicio de sus competencias en el ámbito de la industria cinematográfica. Reglamentariamente se establecerán el procedimiento, los mecanismos de cómputo y la información que podrá recabarse de los operadores. Ello no obstante para las emisiones de cobertura limitada al ámbito de una Comunidad Autónoma, dicho control y seguimiento corresponderá al Órgano audiovisual autonómico competente. Por acuerdo entre uno o varios prestadores de servicios de ámbito estatal o autonómico sujetos a la obligación de financiación establecida en este artículo y una o varias asociaciones que agrupen a la mayoría de los productores cinematográficos, podrá pactarse la forma de aplicación de las obligaciones de financiación previstas en este artículo, respetando las proporciones establecidas en la misma. reviamente a la firma del acuerdo, las partes recabarán del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales un informe sobre la conformidad del mismo con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de las funciones que sobre la valoración de dichos acuerdos ostente la Comisión Nacional de la Competencia.

Reglamentariamente se establecerán los procedimientos necesarios para garantizar la adecuación del acuerdo con lo establecido en esta Ley. En todo caso, el régimen establecido en dicho acuerdo regirá respecto de las relaciones que se establezcan entre el prestador o prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva firmantes y todos los productores que actúen en el ámbito de aplicación de aquél, sin que pueda limitarse su cumplimiento a los productores miembros de la asociación o asociaciones que lo hubiesen suscrito.

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