El Consejo aprueba la Carta del Servicio Público que fijará las prioridades de la RTVA para los próximos seis años

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febrero de 2010
El Consejo aprueba la Carta del Servicio Público que fijará las prioridades de la RTVA para los próximos seis años

El documento, que será remitido al Parlamento, establece el mantenimiento del actual sistema de financiación mixta.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Carta del Servicio Público de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), documento que fija las estrategias y prioridades que deberá aplicar esta agencia pública en su acción empresarial y de comunicación durante los próximos seis años. La Carta, que mantiene el actual sistema de financiación mixto, se concretará cada tres años en un contrato-programa en el que se establecerán los objetivos específicos y la asignación de recursos para su cumplimiento.

Con esta iniciativa, Andalucía es la primera comunidad autónoma que dota a su operador audiovisual de un documento orientado a reforzar su pluralidad y transparencia, de igual modo que ya fue pionera en proporcionarle un marco jurídico a través de la Ley de la RTVA, aprobada en 2007. La Carta subraya el papel de servicio público de la agencia y de sus sociedades filiales Canal Sur Radio, SA y Canal Sur Televisión, SA. En este sentido, el consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, ha señalado que este "marco jurídico e instrumental" consolida la función de servicio público de la radiotelevisión andaluza.

El documento, que será remitido al Parlamento de Andalucía para su aprobación definitiva, subraya como principales objetivos promover la atención al pluralismo social, cultural y político; garantizar la libertad de expresión y la libre formación de la opinión pública; impulsar la divulgación de valores cívicos y democráticos, y asegurar un acceso universal a la información, la cultura, la educación y un entretenimiento audiovisual de calidad.

Asimismo, se destaca el compromiso de la RTVA con la igualdad entre hombres y mujeres; la protección de la infancia y la juventud en relación con su programación y horarios; el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad sensorial, adecuando los espacios para que les sean accesibles, y la atención especial que se prestará al colectivo de las personas mayores -con contenidos adecuados a sus preferencias y necesidades- y a los grupos en riesgo de exclusión social.

Ávila ha indicado que la Carta del Servicio Público refuerza el papel del Parlamento andaluz "en el control y la supervisión de la RTVA", ya que, ha recordado, la cámara aprobó la Ley, eligió a su director y a su consejo de administración, dará luz verde a esta carta de servicios, conocerá los contratos-programa que la desarrollan y supervisará su cumplimiento.

La agencia pública dispondrá de un cauce permanente destinado a atender y captar todas las opiniones y sugerencias a través de la figura del Defensor de la Audiencia, que preservará los derechos de espectadores, oyentes y usuarios y dará un trámite adecuado de atención y respuesta a sus demandas.

Respecto al nuevo escenario de la expansión de los servicios de radio y televisión digital terrestre (TDT), el documento recoge que la RTVA, de acuerdo con su marcado objetivo de utilidad pública, planificará la prestación de nuevos servicios interactivos y en línea, junto a los que ya se operan a través de internet, de acuerdo con el estado de la tecnología de los usuarios y con las potenciales demandas de la ciudadanía.

Asimismo, Ávila ha manifestado que el documento marca otras prioridades como son el mantenimiento de una financiación estable y sostenida, la modernización de la gestión empresarial, para incrementar su eficiencia, y la mayor comercialización de sus producciones y servicios audiviosuales y digitales.

Financiación mixta

En cuanto a la financiación, la Carta fija un mecanismo estable y sostenido de carácter mixto, a través de subvenciones consignadas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma y de ingresos derivados de la actividad comercial. Se establece así la garantía de una gestión económico-financiera orientada a la optimización de la explotación de los recursos disponibles, manteniendo el sistema previsto en el marco jurídico actual.

Para la adopción de este modelo se han tenido en cuenta las conclusiones del grupo de trabajo creado en mayo de 2009 en la Consejería de la Presidencia, por encargo del presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Este grupo valoró elementos de índole social, económica y jurídica, así como las experiencias en el entorno más próximo, las diversas alternativas de financiación, la incidencia del modelo actual en la economía andaluza y la valoración de la publicidad por parte de los ciudadanos.

De acuerdo con su análisis, el grupo de trabajo apreció que ninguna de las normas que rigen el sector en el ámbito europeo, nacional y andaluz recoge la obligatoriedad de la supresión de la publicidad en los medios públicos audiovisuales de carácter autonómico. Asimismo, señaló que Canal Sur es la televisión con menor coste por habitante entre las emisoras autonómicas y la más competitiva en términos de valor de la publicidad, además de situarse en la media nacional de financiación pública.

En las conclusiones del grupo se señala igualmente que otras fuentes de financiación, como las tasas o los impuestos para usuarios u operadores, se presentan como inestables e insuficientes. Además, la desaparición de los espacios publicitarios en la televisión autonómica afectaría a los anunciantes andaluces, que se verían discriminados frente a empresas nacionales por el encarecimiento de las tarifas y la desaparición de las desconexiones regionales en el resto de cadenas, a partir del mes de abril, con la implantación del sistema digital. Así, el consejero de la Presidencia ha apostado por que conserve su carácter de "televisión pública con público".

La elaboración de la Carta del Servicio Público aprobada para su remisión al Parlamento fue establecida por la Ley 18/2007 de la RTVA con el objetivo de reforzar aún más el papel de la Cámara autonómica en relación con el operador público audiovisual. De esta forma, a la elección parlamentaria de sus principales órganos de gobierno y al control de su funcionamiento, se suma ahora la aprobación de las directrices generales para el control de la actividad de la empresa y el cumplimiento de su función.

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