El presidente del Gobierno, José María Aznar, dio en persona el visto bueno a la fusión de las plataformas de televisión digital previo compromiso empresarial de que sus efectos serían neutros en términos de influencia política e ideológica, aseguran en fuentes gubernamentales. La lógica económica se impone sobre el modelo de medios de comunicación diseñado por el PP en la anterior legislatura. Aznar renuncia a tener una «Prisa» afín.
«Yo no voy a contar lo dicho en el Consejo de Ministros, pero hasta ahora me siento respaldado por la totalidad del Gobierno». El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, responde así al ser preguntado sobre posibles divisiones en el Gabinete de Aznar por una decisión empresarial -la fusión por absorción de Sogecable de las plataformas de TV digital- presentada en algunos medios como la gran rectificación o rendición del PP ante Prisa.
Como vicepresidente primero del Gobierno, Álvarez-Cascos se ocupó en su día, por órdenes de Aznar, de impedir que una sola empresa se hiciera con el monopolio de la televisión por satélite. Y lo que defendía en 1997 era precisamente lo que ahora se puede dar: una sola plataforma, pero «plural, sin privilegios y sin agravios para nadie». Por eso, el hoy ministro advierte que no se siente desautorizado con la fusión permitida, pero sí previene sobre las consecuencias de la misma. «El problema entonces fue que Sogecable quería el control absoluto sobre contenidos y eso no puede ser, eso sí sería un monopolio».
Luego llegó la llamada «guerra digital», el nacimiento de la plataforma de Telefónica y la definición empresarial de «la Prisa del PP» sobre algunos medios existentes y otros de nueva creación. En el prólogo de las elecciones de 2000 el conglomerado llegó a incluir el sostenimiento de otras empresas por la vía de adelantar el pago de publicidad de Telefónica y filiales.
El ejemplo de los aeropuertos
Álvarez-Cascos pone el ejemplo de los aeropuertos. «Una cosa es que un aeropuerto, en un sistema liberalizado, esté en unas únicas manos pero permita operar en el mismo a distintas compañías que compitan entre sí, y otra que lo impida y se reserve para sí todas las operaciones». La aplicación es obvia: «Si Sogecable va a dar canales a todos será compatible con el pluralismo, si no da canales será un monopolio». Y la exigencia del ministro, la lógica: «El Gobierno debe vigilar e impedir que la operación derive en un monopolio».
A la espera de ver cómo se pone en marcha la nueva plataforma y si el acuerdo de fusión pasa los filtros del Tribunal de la Competencia -en el Gobierno esperan que esa instancia se aclaren algunos puntos de la operación en los términos apuntados por Cascos- lo evidente es que en el Partido Popular la noticia ha sembrado el desconcierto. Sin más información que la de la prensa, en el PP y en los ministerios se limitan a comentar que es imposible pensar que Aznar «se ha entregado a Polanco». En los pocos medios donde a llegado alguna información se limitan a reconocer que las conversaciones han sido «de presidente a presidente». Se refieren a que César Alierta sólo informó de sus gestiones a Aznar y que Aznar, por supuesto, no consultó a nadie. El único miembro del Gabinete que fue puesto al tanto, cuando todo estaba decidido, fue el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, y por tener competencias en la materia.
Al margen de los datos ofrecidos por las empresas implicadas, en fuentes gubernamentales apuntan que el visto bueno de Aznar a la operación incluyó el compromiso de que la fusión tendría un efecto político «neutral» sobre el actual reparto de influencias en el mundo de los medios de comunicación. En resumen, se trata de una mera operación empresarial sin más fin que la supervivencia de la televisión digital en España y el alivio de gastos para Telefónica.
De hecho, según los mismos medios, la negociación con Prisa se hizo vía Javier Díez de Polanco, representante dentro del grupo del sector más «profesional» y alejado de los intereses políticos del «felipismo». Esa coincidencia de intereses puramente empresariales también se da en la nueva dirección de Telefónica. César Alierta ya había dado pasos previos para desmontar y controlar el costosísimo conglomerado de medios de comunicación heredado de la etapa anterior después de frenar la influencias de profesionales del periodismo ajenos al accionariado que pretendían dirigir el grupo. La lógica económica obligaba a cerrar Vía Digital, una empresa que perdía unos 60.000 millones de pesetas al año, o compartir negocio -y déficit- con la competencia: Sogecable.
La retirada de Vía Digital sí que hubiera producido una situación de monopolio en la televisión digital, «No había salida, estaba abocada al cierre», añaden en las mismas fuentes.
Desinterés tras la mayoría
El resumen político de la fusión es que Aznar ha pasado del desinterés por la «Prisa» afín que empezó a diseñarse desde el poder en 1996, con Miguel Ángel Rodríguez como cerebro, a la renuncia expresa a auspiciarla. Los resultados de las elecciones de 2000, la mayoría absoluta, han propiciado el cambio. La «casa madre», Telefónica, se debe a sus accionistas y el disparatado coste de sus medios de comunicación es un lastre que Alierta quiere reducir a toda costa.
En el PP ven con preocupación lo indignados que están partidarios y beneficiarios del sistema en cuestión, pero la consigna de no abrir debate alguno se respeta al pie de la letra. En fuentes del Partido Popular dicen que en el visto bueno de Aznar a la fusión se han cruzado dos procesos de sucesión: el de Polanco y el del propio presidente del Gobierno. En el de Aznar no habrá ya una única voz que pueda jugar un papel decisivo a favor de uno u otro aspirante desde los medios de comunicación que en el PP consideran afines. Esa es la clave, dicen, de la indignación y el despiste de quienes buscaban tutela «mediática» sobre el proceso. Y en Prisa también toca sucesión y el sector «felipista» puede estar en retroceso, apuntan.