El Ministerio de Ciencia y Tecnología está ultimando la modificación de la normativa audiovisual que hasta el momento impide taxativamente la entrada de capital privado en los Entes de televisión regional. Según ha sabido ABC, el cambio legal entrará en el Congreso antes de que acabe el año.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, va a aprovechar el cambio de la ley del tercer canal, al que se comprometió en su discurso de investidura de 2000, para hacer una modificación más amplia que afecte a toda la normativa audiovisual, sujeta a los últimos cambios tecnológicos. Según manifestó a ABC la diputada y coordinadora de Participación y Acción Social del PP, Ana Mato, la intención del Gobierno es cambiar la legislación antes de que acabe el año. Así, esa norma que elabora el Departamento de Anna Birulés, entrará en el Congreso a finales de año, con el objeto de que sea tramitada durante los primeros meses de 2003.
Coincidirá con las elecciones
Previsiblemente, la aprobación coincidirá con las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003, por lo que el cambio de la gestión en Telemadrid no se podrá realizar hasta la próxima legislatura. Dentro de esa modificación legal, el Gobierno variará la redacción de la ley del tercer canal que se ha convertido en el obstáculo para privatizar Telemadrid, objetivo del presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
Esa normativa, que entró en vigor en 1983, establece que «el capital de la sociedad (de los Entes de televisión autonómica) será público en su totalidad, suscrito íntegramente por la Comunidad autónoma, y no podrá enajenarse, hipotecarse, gravarse, pignorarse o cederse en cualquier forma onerosa o gratuita».
Con el objeto de cambiar esta norma, la Asamblea remitió en la pasada legislatura dos iniciativas (mayo de 1996 y diciembre de 1997) a las Cortes en las que se instaba a esta Cámara a modificar la ley con vistas a la privatización. La aritmética parlamentaria del anterior periodo de sesiones, que obligó al PP a depender de los votos de CiU para aprobar sus proyectos, paralizó el que fue uno de los puntos estrella del programa que llevó a Aznar al poder.
Sin embargo, con la mayoría absoluta obtenida por el PP en los pasados comicios, el Gobierno ha apostado por el cambio de esta normativa que no se limitará a dar un salvoconducto para privatizar los canales autonómicos, sino que introducirá otras mejoras legislativas, como el aumento a dos canales para las televisiones de las Comunidades o el cambio de titularidad de este servicio que dejaría de ser «estatal» para convertirse en «autonómico».
No obstante, en el caso de Madrid, el presidente regional, al que el calendario obligará a esperar a la próxima legislatura para la privatización -en caso de que vuelva a ganar las elecciones-, no utilizará exactamente la fórmula habitual en la adjudicación de canales de televisión, que es el sistema de concurso, en el que, como es sabido, además de ponderarse la oferta económica de la empresa concesionaria, se valora el conjunto de proyecto que opta a la adjudicación. Según ha anunciado ya Gallardón, Telemadrid se pondrá totalmente en manos privadas mediante un concurso-subasta, para lo que se presentará en el Parlamento autonómico una nueva ley.Por concurso-subasta
Las ventajas que tiene este sistema sobre el concurso, según ha dicho Gallardón, es que la primera fórmula «permite generar cuantiosos recursos destinados a las arcas públicas y garantiza de forma absoluta la imparcialidad en la adjudicación». De hecho, recientemente se abrió un debate en España y en la Unión Europea sobre las ventajas de la subasta sobre el concurso. Hasta el punto de que algunos gobiernos europeos utilizaron este novedoso sistema en la adjudicación de las licencias de telefonía móvil de tercera generación, lo que levantó una fuerte polémica entre algunos Estados de la Unión.
Otra de las apuestas de la Comunidad es abrir a la iniciativa privada el cien por cien del Ente público de televisión. Aunque esa fue una de sus primeras ofertas electorales al llegar al Gobierno autonómico, posteriormente fue matizada al proponer una privatización parcial, lo que se denomina sistema mixto, que permite a la Administración mantener una parte de la gestión. No obstante, la decisión final pasa por dejar RTVAM en manos completamente privadas, si bien se está pensando en incluir en las condiciones de la subasta y de los contratos-programa que se suscribirán con la compañía adjudicataria los contenidos de servicio público que actualmente presta Telemadrid. En este ejercicio, la televisión madrileña ha recibido en concepto de contrato-programa de las arcas públicas de la Comunidad un total de 49.282.993 euros. Asimismo, el Gobierno siempre ha garantizado que uno de sus objetivos es mantener, después de la privatización, los puestos de trabajo de la cadena.
El dinero que generará la subasta del canal regional, que muchos expertos han valorado por encima de los 300.000 millones de pesetas, revertirá en las políticas de integración social y educación, según ha manifestado Gallardón.