La red de piratería de televisión por cable desarticulada por la Guardia Civil en las provincias de Valencia, Alicante, Cádiz y Segovia, actuaba a través de la venta de dispositivos electrónicos piratas para descodificar la señal de la empresa ONO, a la que se estima que generó un fraude superior a los 60 millones de euros, según informaron en rueda de prensa el portavoz de la Unidad Central de Operaciones de la Benemérita, sargento Pastor, y el director regional de ONO en Levante y baleares, Miguel Gonzálvez.
Los seis detenidos, cuyas edades oscilan entre los 20 y 34 años, están acusados de delitos de estafa, contra la propiedad intelectual y descubrimiento y revelación de secretos. A todos ellos se les imputan los delitos de estafa, contra la propiedad intelectual y descubrimiento y revelación de secretos.
Además de la intervención de los 500 dispositivos preparados para su distribución, la Guardia Civil incautó multitud de chips programados para vulnerar la seguridad de los decodificadores, una importante cantidad de dinero en metálico y numerosa documentación.
Estas personas eran, según el sargento Pastor, «expertos conocedores de sistemas informáticos» o bien aficionados, de los que la mayoría no tenía actividad laboral conocida. Los miembros de la red, que había comenzado a extender su actividad por Italia, Portugal y países del continente americano, han sido puestos a disposición judicial, aunque no se informó de la decisión adoptada por el juez.
Asimismo, los agentes han intervenido más de 500 dispositivos preparados para la distribución, multitud de chips programados para vulnerar la seguridad de los decodificadores, dinero en metálico y numerosa documentación. La operación, que se inició a mediados de año a raíz de la denuncia de la empresa, quedó cerrada el viernes, según Pastor, quien señaló que a partir de ahora analizarán las cuentas corrientes de los presuntos autores para comprobar los beneficios obtenidos.
En total, los investigadores consideran que la red podría haber introducido en España más de 30.000 de estos dispositivos, lo que supondría el 10 por ciento de la base de clientes de la compañía, según Gonzálvez, que el «cabecilla» compraba directamente o encargaba en el Reino Unido, y que posteriormente eran publicitados en foros de Internet, la calle, páginas web o facilitados a usuarios de ONO a través del envío de correos electrónicos «masivos», tras conseguir sus direcciones a través de programas informáticos.
Estos dispositivos, bajo el nombre de «Cubes», se enviaban a domicilio, se pagaban contrarreembolso y se instalaban en las antenas. De esta forma, permitían acceder gratuitamente a los canales de pago de este operador de televisión a los usuarios que tenían contratado únicamente el paquete básico. Cada uno de los aparatos tenía un precio de 75 euros. El importe de la estafa se ha podido calcular a través del número de cubos que podía existir y el valor de la programación que los usuarios no pagaba por ver y sí que visionaba.
Gonzálvez explicó que aunque la fuente del fraude es el uso del cubo fabricado en el Reino Unido, «se ha descubierto que hay también decodificadores de ONO que nuestros clientes no retornan cuando dejan de serlo y que entran en el mercado negro con lo que se favorece un uso ilícito de los aparatos y del cubo». El representante de la compañía aseguró que ellos no han facilitado a ninguna base de datos ni pública ni privada información de sus clientes para que pudiera haber sido utilizada por la red desarticulada ya que existe una reglamentación «estricta» al respecto.
Actividad ilícita de usuarios
Ante esta situación, la compañía ha enviado cartas a sus clientes instando a la entrega de decodificadores, aunque insistió en que hay un circuito «ilegal» que «favorece la práctica ilícita». En este sentido, el sargento Pastor indicó que los clientes que han adquirido estos aparatos «conocen la ley» y saben que este acto «es un delito contra la propiedad intelectual o una estafa».
Por este motivo, indicó que se informará a la autoridad judicial de los domicilios donde se habían instalado estos dispositivos y a ella le corresponderá adoptar la decisión correspondiente. «Es evidente que quien tiene un dispositivo de éstos está cometiendo un acto ilícito, bien administrativo o bien penal», dijo. Así, señaló que el siguiente paso de la investigación será detectar «hasta el último eslabón» dónde están instalados.