El Gobierno autorizó hoy la fusión de las plataformas Vía Digital y Canal Satélite Digital siempre que cumplan 24 condiciones generales y 10 acerca del fútbol, una decisión sobre la que las empresas propietarias, Telefónica y Sogecable, no opinarán hasta conocer en profundidad su alcance. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, informó hoy tras la reunión del Consejo de Ministros de la imposición de las condiciones para la absorción de Vía Digital (Telefónica) por parte de Canal Satélite Digital (Sogecable), que, dijo, serán comunicadas por el Ejecutivo a las empresas.
Si las condiciones no se cumplen, afirmó, «el Gobierno no autorizará la operación de la absorción de Vía Digital por Sogecable».
Las condiciones, precisó Rato, responden a las que había planteado el Tribunal de Defensa de la Competencia, otras que se derivan del informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y alegaciones de sectores como el de los operadores de cable y los consumidores. El Gobierno, «dentro del respeto a la libertad de empresa, acepta un acuerdo de estas condiciones, que tiene consecuencias sobre el mercado de la televisión de pago, con unas limitaciones que garantizan el interés general de los consumidores y de la economía española».
Las condiciones, según la referencia del Consejo de Ministros, «defienden expresamente los derechos de los consumidores al garantizar la pluralidad informativa y de contenidos», indican que «no habrá costes para los consumidores», y que los precios del servicio no podrán subir en 2003, así como que en los siguientes tres años no aumentarán por encima de la inflación. También se garantiza el acceso a la plataforma resultante a nuevos operadores, no vinculados ni a Sogecable ni a Telefónica, al obligar a que, al menos, el 20% de sus canales estén abiertos a ellos. Además, añade la nota del Consejo de Ministros, se garantizan los derechos de terceros en el acceso al fútbol y al cine, y la competencia en mercados emergentes.
Del total de las 34 condiciones, 24 lo son con carácter general y otras diez en relación con el fútbol, que «se establecen sin perjuicio del expediente iniciado por la Comisión Europea en 1999 sobre esta cuestión». En el plazo de dos meses, desde la notificación del acuerdo adoptado hoy a Sogecable, ésta deberá presentar ante el Servicio de Defensa de la Competencia un plan detallado de actuaciones y plazos para la instrumentación de las condiciones en él contenidas.
Un portavoz de Telefónica Contenidos dijo a Efe que antes de hacer ninguna valoración al respecto, deben «meditar» y «analizar» sobre las condiciones impuestas, el mismo sentido en el que se expresó un portavoz de Sogecable, que indicó que deben «estudiar en profundidad» las condiciones para poder valorar la decisión.
Tampoco han querido pronunciarse hasta que no estudien con detenimiento las condiciones ni el grupo de telecomunicaciones AUNA, ni la Agrupación de Operadores de Cable, contrarios, en principio, a la fusión.
La operadora de cable ONO estudiará «todos los recursos posibles» a la decisión porque considera que las condiciones «consolidan el control de la televisión de pago por parte de Sogecable» y se pone «en peligro» la viabilidad de las empresas de cable al «no haber limitado, cuanto menos, las exclusivas a la emisión por satélite».
La portavoz del PP de Ciencia y Tecnología, Ana Mato, aseguró que la decisión del Gobierno es «un apuesta por el pluralismo y la calidad» que garantiza a los ciudadanos «los beneficios de la competencia, que haya pluralismo informativo y que no suban los precios».
Sobre la enmienda del PP a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado que prohíbe a una misma sociedad participar a la vez en televisiones estatales y locales o autonómicas, Mato precisó que este asunto y el de la fusión de las plataformas «son complementarios, pero diferentes» aunque los dos «van encaminados en la línea de garantizar el pluralismo informativo».
IU exigió al Gobierno que garantice la pluralidad informativa y los derechos de los consumidores en la fusión, que considera «lógica» dado que, a su juicio, «hay insuficiencia de mercado», y reclamó que el ahorro de costes no se haga a costa de la pérdida de puestos de trabajo o del encarecimiento de la factura que pagan los ciudadanos.
El portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Jordi Jané, expresó el «respeto» de su grupo por la decisión del Gobierno sobre la fusión y valoró que se hayan tenido en cuenta las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, aunque precisó que su grupo debe aún «analizar con detenimiento» su contenido.
El director de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, dijo que las condiciones son «razonables» y no sólo salvaguardan los intereses de los consumidores sino que también defienden el de los competidores ya que, indicó, podría implicar una bajada de los precios.