El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, anunció ayer que la intención del Ejecutivo es que la Ley General Audiovisual, la de Telecomunicaciones y la de la Firma Electrónica sean aprobadas por el Consejo de Ministros el próximo mes de febrero, para que puedan publicarse durante esta legislatura.
Durante una conferencia de prensa, Piqué hizo un balance de la actividad de su Ministerio durante el año pasado y apuntó los objetivos básicos fijados para el 2003, entre los que citó la aprobación de estas leyes para aumentar la «confianza, certidumbre y seguridad en Internet» y la reordenación del sector audiovisual.
Además, el Ejecutivo se ha propuesto dar un empuje al desarrollo de la sociedad de la información y a la extensión del uso de Internet como servicio universal, para lo que estudia el plan de Telefónica de sustitución de las líneas telefónicas que aún no permiten el acceso a la red, con una inversión de 475 millones de euros. Para ello, y en el ámbito de las telecomunicaciones, recordó que se prepara la desaparición «a poder ser en el 2005» del sistema que regula los precios máximos de Telefónica, la introducción de la factura única, la mejora de los sistemas de interconexión y la flexibilización de los avales exigidos a las compañías con licencias de LMDS y UMTS, que será ratificada mañana en el Consejo de Ministros.
Piqué detalló algunas novedades que introducirá la Ley General de Telecomunicaciones, como la desaparición de la necesidad de contar con licencia para operar, la sustitución del concepto de «operador dominante», la transmisión de determinados derechos de uso del dominio público radioeléctrico, la transferencia de las correspondientes autorizaciones y el incremento de las prestaciones del servicio universal.
Respecto al sector audiovisual, apuntó que los objetivos se centrarán en liberalizar los servicios de radio y televisión de forma compatible con el carácter de servicios público de las estatales, y en distinguir entre editores de canales, operadores de difusión y portadores de la señal de telecomunicaciones.
También se pondrán en marcha medidas que adelanten el llamado «apagón analógico» a esta misma década -en principio está previsto para el final del 2012- y que impidan la creación de cadenas de ámbito nacional mediante la adición de otras locales. En el ámbito de la política científica y tecnológica, Piqué explicó que se trabajará en cerrar el Plan Nacional de I+D 2004-2007 antes del último trimestre del ejercicio y en hacerlo a través de un «gran pacto» con las Comunidades Autónomas y con las organizaciones sociales y empresariales.
El objetivo es, según el ministro, que «logremos superar de una vez esta asignatura pendiente» -en relación con la investigación y el desarrollo-, algo que «no puede asumir sólo el Gobierno». Además, se aumentarán los esfuerzos destinados a la creación de grandes infraestructuras científicas y tecnológicas, el aumento de la inversión privada, la mejora de la gestión y la implicación de las Comunidades Autónomas.
Piqué concluyó que, en general, se pretende crear un entorno favorable a la innovación que fomente la competitividad empresarial y su internacionalización, a la investigación pública de calidad, al desarrollo rápido de la sociedad de la información y a la mejor vertebración de los agentes del sistema creado por la ciencia, la tecnología, la empresa y la sociedad. El ministro calificó de «especulaciones» la posibilidad de que se presente como candidato a las elecciones generales tras las autonómicas de Cataluña y apuntó que hablar de lo que pueda pasar en esos comicios es «particularmente prematuro». «Tengo mis responsabilidades políticas muy claras, porque presido el Partido Popular de Cataluña», apuntó Piqué, quien añadió que aunque «todavía no se ha producido la designación oficial de quién va a ser el candidato», su salida del Ministerio no afectará a los objetivos de éste.