Telefónica comunicó ayer oficialmente a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el ejercicio de los derechos de opción de compra que la compañía tenía sobre una participación adicional del 11,71% del capital de Antena 3, propiedad del Banco Santander Central Hispano (BSCH). De esta forma, la empresa operadora que preside César Alierta pasará a controlar el 59,22% de las acciones de la cadena de televisión, lo que le otorga el control de una participación mayoritaria que lógicamente tiene un valor estratégico de cara a una venta posterior de Antena 3.
Los derechos de opción de compra se refieren a dos paquetes accionariales de 17.365.125 y 2.167.500 títulos respectivamente. La operación será materializada en favor de la empresa Corporación Admira Media S.A.U., que forma parte del Grupo Telefónica. La formalización de la transmisión de las citadas acciones se llevará a cabo en las próximas semanas, siendo determinado el precio exacto una vez fijada la fecha de transmisión efectiva de los títulos.
Operación anunciada
La operación difundida ayer fue anunciada por ABC el pasado 1 de diciembre y responde a una estrategia perfectamente definida desde hace tiempo por Telefónica. El anuncio se ha postergado, no obstante, hasta primeros de año, una vez que ha entrado en vigor la enmienda a la ley de Acompañamiento de los Presupuestos por la que se permite a un sólo inversor superar el límite accionarial del 49% en en una cadena concesionaria de televisión.
No obstante, la compra es sólo el punto de partida de una operación acordeón mediante la que Telefónica quiere maximizar la eventual venta de Antena 3. Sin la ejecución de los derechos de opción, la participación de Telefónica en la cadena estaba fijada en el 47,51, posición que otorgaba la primacía a su dueño pero que no aseguraba el control absoluto desde un punto de vista financiero. Ahora, con la propiedad de casi el 60%, Telefónica asegura dicho control accionarial, lo que le permite negociar en mejores condiciones ante un eventual comprador.
Como es sabido, el Gobierno no ha consentido que un mismo inversor pueda participar en más de una concesionaria de servicios de TV, lo que traducido al caso de Telefónica implica la obligación de vender Antena 3 o de aparcar su futuro 17% de Sogecable.
En esta disyuntiva, la posibilidad de ceder los derechos económicos y políticos sobre la participación de la futura plataforma digital se antoja como una opción remota. Telefónica es consciente de que su papel en la futura Sogecable será observado con lupa en el mercado televisivo, sobre todo después de las condiciones que el Gobierno ha impuesto a la fusión digital y que han arrojado ciertas sombras de dudas sobre una operación que puede suponer una amenaza para la defensa de la competencia en el sector. La eventualidadad de que Telefónica decida poner en dique seco su participación en Sogecable no haría sino complicar aún más la situación, dando nuevos argumentos para la suspicacia. De hecho, el propio vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, se manifestó traicionado por el subconsciente cuando, preguntado al respecto, señaló tajantemente que las condiciones impuestas en el proceso de fusión exigían la venta de Antena 3 por parte de Telefónica.
Una operación gradual
Al margen del desliz, el planteamiento del grupo que preside Alierta pasa por la venta de Antena 3 en una operación que será gradual. El primer paso es, precisamente, la toma del control mayoritario de las acciones. El segundo será la desinversión, previsiblemente dentro del primer cuatrimestre del año, de un paquete que podría rondar el 30% de la cadena televisivo. Telefónica seguiría manteniendo en su cartera el otro 30% restante, pero pasaría a convertirse en un sleeping partner o socio durmiente en el accionariado de la emisora, lo que dejaría al potencial comprador el camino expedito para hacerse cargo de la gestión real dentro de la compañía.
La razón de esta venta a plazos reside lógicamente en el importe de la operación, que será intensiva en capital. No hay que olvidar que Antena 3 llegó a ser valorada en torno a los 1.800 millones de euros hace un par de años y aunque la evolución de la cadena ha ido de mal en peor en los últimos meses, la realidad es que Telefónica va a intentar maximizar la rentabilidad de su desinversión.
Antena 3 registró en los nueve primeros meses de 2002 una pérdida de casi 33 millones de euros, lo que contrasta negativamente con los beneficios de casi 16,5 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del año 2001. El deterioro de las grandes cifras que presenta la compañía ha sido también motivo de protesta por parte del propio SCH como accionista de la cadena. En este sentido, el hecho de que Telefónica materialice la opción de compra que tiene sobre la citada participación del banco será un motivo de satisfacción para la entidad que preside Emilio Botín, cuyo papel en Antena 3 tiene un objetivo estrictamente financiero.
En el fondo de la cuestión, la «operación salida» que ahora ha emprendido el SCH será emulada a poco que pueda por Telefónica. El objetivo de Alierta es reducir el peso de la operadora en el mercado de los medios de comunicación, reduciendo su posición accionarial lo máximo posible hasta convertirse en socio de compañía o en garante provisional de los activos que sean finalmente transferidos a terceros.
Capital italiano
En el caso de Antena 3, el candidato potencial a la compra es la empresa DeA Planeta, una joint venture formada por la Editorial Planeta y por el grupo italiano De Agostini y que desarrolla su actividad en el segmento de la producción audiovisual.
Las buenas relaciones que Alierta mantiene con José Manual Lara han facilitado los contactos entre Telefónica y Planeta para negociar la operación, pero no hay que olvidar que el comprador eventual de Antena 3 tendría un alto componente de capital italiano, repitiendo en cierta medida el caso de Telecinco, donde Mediaset, bajo control de Silvio Berlusconi, ha pasado a ostentar más del 50 por ciento de la propiedad.
En definitiva serían dos accionistas de un mismo país extranjero los que tomarían posiciones de predominio en el capital y en la gestión de dos empresas concesionarias de televisión en abierto. En suma, una nueva posibilidad que no ha sido contemplada todavía en la regulación audiovisual, pero que sería piedra de toque para que el legislador lo tuviera en cuenta.