Con la vista puesta en los mecanismos de elección del presidente de la británica BBC, paradigma mundial de la independencia televisiva, el gobierno catalán trabaja en una ley para reducir la politización y aumentar los niveles de independencia de la televisión pública catalana, que dirige en la actualidad el ex ministro socialista Joan Majó. En esa ley se quiere dotar de un protagonismo destacado al Consejo Audiovisual de Cataluña, que deberá informar sobre la idoneidad del candidato elegido. En la nueva estructura un consejero delegado, cargo de nueva creación, será el máximo responsable.
Los socios del Gobierno tripartito de la Generalitat trabajan en un proyecto de ley de la Corporació Catalana de Radio i Televisión (CCRTV) para reducir la politización de la televisión pública y alcanzar cotas de independencia asimilables a las de la BBC. El texto, que se está consensuando entre PSC, ERC e ICV-EA, se presentará en la ponencia parlamentaria que está previsto se constituya después de Semana Santa, para la elaboración de la Ley del Audiovisual, que pretenden transcurra en paralelo a la nueva norma para la TV.
En la ponencia también se esperan las propuestas de PP y CiU mientras que el Gobierno de la Generalitat se pondrá a disposición de la ponencia para hacer las aportaciones que se le requieran a las diferentes leyes que debe abordar la ponencia, según fuentes del Ejecutivo. Las mismas fuentes denunciaron que CiU dispone de textos e informes jurídicos encargados a una consultoría privada cuando la federación nacionalista estaba en el Gobierno, que fueron pagados por recursos públicos, y que podrían ser utilizados ahora en la ponencia. Desde CiU, se negó rotundamente esta afirmación y explicaron que los informes se encargaron ante el anuncio del Gobierno central de aprobar una Ley del Audiovisual y que siguen a disposición de la Generalitat.
La propuesta base de los partidos de izquierda parte de un texto presentado por el PSC en el Parlamento y que apuesta por reforzar la indepedencia de la CCRTV con respecto al Gobierno y establece mecanismos de control sobre la programación para garantizar la función de servicio público.
Así, el director general de la CCRTV pasaría a ser un consejero delegado y su nombramiento dependería ya no del presidente de la Generalitat, sino del Consejo de Administración del ente, que someterá previamente a un examen a los candidatos al cargo, previa convocatoria pública.
Asimismo, el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) elaborará un informe de idoneidad que se pondría a disposición del Consejo. Además, el Consejo de Administración modificaría su composición y pasaría de 12 a 8 miembros, de los que siete serían elegidos por el Parlamento y el octavo representaría a los comités de empresa de la CCRTV.
Fórmula «menos partidista» Los consejeros designados por la cámara requerirán de una mayoría de tres quintas partes del Parlamento y ser propuestos por un mínimo de tres grupos parlamentarios. Fuentes del tripartito explicaron que esta fórmula es «menos partidista» que la actual, por lo que consideraron que sería incomprensible que CiU se opusiera a un sistema de elección que va en detrimento del control del Gobierno.
En materia de control de los contenidos de la programación, el borrador de la ley prevé la creación de un Consejo Social de Programación que velará por la calidad e impacto social de los programas.