El viceconsejero de Comunicación, Daniel Cerdán, aseguró este lunes que el Gobierno de Canarias publicará antes de fin de año el concurso para la adjudicación de las frecuencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT).
Cerdán, que compareció para informar, a instancias del grupo Popular, de la implantación de la TDT, indicó que la hoja de ruta determinada por el Gobierno canario permitirá adjudicar los canales dentro de la legalidad y no como ha ocurrido en otras comunidades como Baleares o Madrid que a pesar de la premura en la adjudicación, los operadores no han podido comenzar a emitir en digital.
Insistió en que en España no hay ni un solo canal de televisión local que esté emitiendo en digital y recordó que para ello hay un plazo hasta 2008 y dos años después se producirá el apagón analógico que obligará también a los canales nacionales a emitir en este sistema.
La comparecencia de Cerdán fue motivo de polémica entre los grupos parlamentarios ya que el PP y el PSOE argumentaron que las explicaciones requeridas tenían que proceder de un consejero y el diputado del grupo de Coalición Canaria Juan Carlos Becerra indicó que la mesa de la Comisión había sentado un mal precedente al aceptar que compareciera un viceconsejero cuando la solicitud del grupo Popular era para el Gobierno.
La opinión de Becerra fue rebatida por la también diputada de CC Guadalupe González, quién dijo que la comparecencia de Cerdán era la adecuada y que el grupo proponente era conocedor de que iba a producir. El viceconsejero recordó que las competencias en esta materia corresponden a las consejerías de Industria y a la Presidencia y en concreto es su departamento quién lo gestiona.
Afirmó que el retraso que se ha producido en la publicación del concurso y en la adjudicación de los canales no afectará al sector y afirmó que tanto el plan nacional, cuyo elaboración correspondió al gobierno central del PP, como los posteriores decretos han tenido clamorosos errores con las islas.
Entre ellos citó que se dejaron sin planificar a 21 municipios de las islas y que no se hablaba de la demarcación insular de Tenerife y Gran Canaria.
Cerdán reconoció que hay una sobreoferta de canales públicos que puede producir una competencia despiadada y subrayó que al Gobierno canario le gustaría para el Archipiélago un modelo más ajustado.
Consideró que en las islas no capitalinas, los cabildos y ayuntamientos deberán ponerse de acuerdo para crear una sola televisión pública ya que el coste, que oscilaría entre tres y seis millones de euros, sería muy elevado si cada corporación decidiese poner en marcha un canal privado.
El viceconsejero de Comunicación afirmó que el concurso aprovechará la experiencia de otras comunidades autónomas y se congratuló de que en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias se pidan para la comunidad autónoma las competencias sobre el espectro radioeléctrico.
Víctor Moreno, del grupo Popular, mostró su sorpresa y extrañeza por el dictamen solicitado el viernes por el Gobierno al Consejo Consultivo sobre el decreto para la adjudicación de los canales de la televisión digital terrestre que podrá en marcha los cabildos y ayuntamientos.
Moreno destacó la coincidencia entre esta decisión y la petición de comparecencia y recordó que según el calendario previsto el Gobierno disponía hasta el 31 de diciembre de 2005 para la asignación de frecuencias de la televisión digital terrestre.
El Gobierno tiene el reloj parado aseveró el diputado del grupo Popular, quién consideró que esta actuación bochornosa del Gobierno perjudicará al sector audiovisual y a los ciudadanos. Además se refirió a la chapuza que hizo el Ministerio de Industria en la distribución de los canales en Canarias y en la designación de las frecuencias para permitir las desconexiones insulares.
Gloria Gutiérrez, del grupo Socialista, se preguntó qué ha hecho el Gobierno de Canarias ya que siempre achaca los problemas a otros y dudó de que el concurso salga antes de diciembre ya que el ejecutivo canario anunció lo mismo el año pasado.
Augusto Lorenzo, del grupo de Coalición Canaria, dijo que hay un desconocimiento del Gobierno estatal sobre la realidad canaria y afirmó que para corregir este tipo de disfunciones, la ley que acompaña al Estatuto de Autonomía prevé el traspaso de competencias al Gobierno canario.