La estrategia del Gobierno en materia audiovisual incluye la puesta en marcha de otras dos nuevas cadenas privadas de televisión analógica con cobertura en todo el territorio nacional. Los nuevos operadores se sumarían así a la oferta que ya constituyen Telecinco, Antena 3 y Canal+ y vendrían a respaldar la teoría del fomento del pluralismo informativo, tan en boga durante los últimos meses en círculos monclovitas
Una primera concesión utilizaría el espectro radioeléctrico actualmente disponible, fruto de la «limpieza a fondo» de frecuencias realizada en el sector desde comienzos de año y que todavía mantiene ocupados a los técnicos del Ministerio de Industria para que el futuro operador pueda nacer con el mayor potencial de cobertura y, por ende, el concurso de adjudicación se presente lo más atractivo posible ante el mercado.
Un puzle audiovisual «diabólico»
En este proceso de aprovechamiento del espectro libre ha jugado un papel clave el recién nombrado secretario general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, Joaquín Osa, quien, según fuentes gubernamentales, ha encontrado menos trabas que su predecesor en el cargo, Ricardo Alvariño, para encajar las piezas de un puzle «diabólico».
La segunda nueva concesión requiere un diseño mucho más complejo y que en un primer momento llevó al Ejecutivo incluso a plantearse la imposibilidad de realizar la operación dual. Puesto que un solo operador más ya agotaría las reservas de espectro disponible, la única alternativa de un segundo canal pasaría por un sistema denominado «refarming» -importado de EE.UU.- o reordenamiento del espectro.
Básicamente, se trata de utilizar algunos de los canales reservados para la Televisión Digital Terrestre (TDT) y reconvertirlos para su posterior explotación en analógico. Es ahí donde el Gobierno cuenta con un as en la manga, debido a que se reserva la reasignación de los catorce canales que liberó la extinta cadena Quiero TV -RTVE contará con un total de ocho, tal y como reclamó Carmen Caffarel-. Las mismas fuentes consultadas por ABC aseguran que bastarían un par de esos canales para garantizar una cobertura «lo suficientemente amplia» para que los futuros adjudicatarios pudieran rentabilizar la cuantiosa inversión que requerirá dicho proyecto audiovisual.
Además de establecer las condiciones necesarias para la creación de estas dos nuevas cadenas nacionales, el Gobierno accederá a las pretensiones de Canal+ para que se modifiquen las condiciones previstas en el contrato de prestación del servicio original, suscrito en 1989.
El Consejo de Ministros dará su visto bueno a que se elimine la actual restricción de horas de emisión en abierto recogida en el contrato concesional, que prohíbe a la cadena propiedad de Sogecable ofrecer más de seis horas al día sin codificar. Esto es, Canal+ podrá cumplir su vieja pretensión de emitir en abierto las veinticuatro horas del día.
No obstante, el nuevo horizonte audiovisual no se presenta igual de optimista para todos. Mientras que Canal+ podrá recibirse en abierto en toda España desde el primer minuto sin necesidad de trámite añadido alguno para los telespectadores, los eventuales nuevos operadores tendrán que antenizar el conjunto del territorio nacional, con un coste estimado de unos 125 euros por cada comunidad de vecinos o vivienda unifamiliar. También, claro está, la emisora de Sogecable cuenta con una imagen de marca consolidada y una base de recursos técnicos y humanos que la distancian de quienes habrán de competir partiendo de cero.
La cobertura, un «handicap»
La elevada inversión que requiere semejante proyecto de implantación ha pesado en la decisión del Gobierno a la hora de intentar dotar a las cadenas de nuevo cuño de la mayor cobertura posible. De lo contrario, pocos inversores se aventurarían en un plan con tantas y tan graves incertidumbres y con la agravante de ver limitadas sus emisiones a un reducido porcentaje de la población.