La ley de Televisión Digital Terrestre sigue enfrentando al Gobierno con Antena 3 y Telecinco. Ayer, el presidente de ésta última, Alejandro Echevarría, volvió a reclamar al Ejecutivo el impulso de la TDT y anunció que la cadena «ejercitará todas las acciones legales que procedan en defensa de sus intereses y de la legalidad» si «se cambian las condiciones establecidas en la Ley de Televisión Privada de 1988, incorporando nuevos operadores en abierto». Entre estas acciones, incluye la modificación del contrato de Canal+ para que pueda emitir en abierto.
Mientras, el Gobierno sigue adelante en su empeño de dar entrada a nuevos operadores analógicos, a pesar de que supondría el retraso de la implantación de la nueva tecnología. El pasado miércoles consiguió, por un sólo voto de diferencia, que se rechazaran las enmiendas del Partido Popular, Convergencia i Uniò y Esquerra Republicana, que reclamaban que se mantuviera el límite actual de tres operadores analógicos.
Durante la junta de accionistas de la cadena privada, Echevarría criticó los planes del Ejecutivo y se lamentó porque «vemos que el proceso de digitalización lejos de impulsarse se puede frenar, y lo que podría ser una nueva realidad en el sector, con grandes oportunidades y con posibilidad de interactividad, se puede convertir en una simple irrupción de operadores analógicos». Asimismo, indicó que esta situación se produce «sin concretar los términos precisos en los que se va a desenvolver la televisión pública, que ha generado con su competencia desleal los mayores desequilibrios del mercado de la televisión».
En este sentido, reclamó el adelanto del denominado «apagón analógico», previsto por el Gobierno para el año 2010, para «ver esa realidad coherente con la creación de nuevos canales, de una oferta segmentada y variada, atractiva, moderna e interactiva». Paolo Vasile, consejero delegado de Telecinco, explicó que la cadena privada comenzó el proceso de digitalización en el año 1999 porque entendían que «en poco tiempo el mundo sería digital», pero lamentó que el desarrollo de la televisión digital ha tenido una «óptima intuición pero una pésima ejecución». Asimismo, Vasile anunció que ese proceso, que culminará en julio, ha costado 50 millones de euros.
Por otra parte, el Consejo de Ministros acordó ayer pedir la tramitación de urgencia del proyecto de ley de la TDT en el Senado. Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero pretende reforzar «lo antes posible» el pluralismo y el fomento de la oferta audiovisual.