La nueva Junta Directiva del G-9 se ha reunido con distintos portavoces en el Congreso de los grupos políticos en la oposición, así como del Gobierno, para impulsar una iniciativa que pretende postergar y unificar la fecha del conocido apagón analógico tanto para las televisiones nacionales, como autonómicas y locales, y evitar, así, abocar el hundimiento del segmento más pequeño del sector audiovisual.
Fruto de estas reuniones surge la posibilidad que por parte de CIU (Pere Grau), Partido Popular (Fernando Castelló) y ERC (Joan Puig) de pedir una Moción no de Ley, y paralizar así el temido apagón del 1 de Enero de 2008. Este planteamiento fue expuesto a los portavoces al igual se hiciera con anterioridad con IU (Isaura navarro) y PSOE (Oscar López).
Sin embargo, en la última reunión mantenida en Madrid, el pasado 28 de marzo, con Alfonso Morales, asesor, Juan Junquera Temprano, director del gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y Fernando Moraleda, portavoz del Gobierno, por parte de Francisco Pérez presidente del G-9, los representantes del Gobierno se mostraron reticentes a tal medida, aduciendo que son las Comunidades Autónomas las que deben impulsar y acelerar la implantación de módulos receptores en los hogares.
La posición el G-9 es la de emitir de forma simultánea en analógico y digital todas las televisiones hasta que la TDT pueda ser abordada de forma integral, siendo esto posible en la mayoría del territorio nacional, y teniendo en cuanta otras fórmulas en lugares donde pudieran producirse interferencias. Según el propio G9, la escasa implantación actual de la infraestructura necesaria para recibir la TDT en los hogares, provocaría una caída de la audiencia y por añadidura de las campañas publicitarias.
Asimismo, otro de los temas candentes es la modificación de la Ley del Cable, para que, entre las obligaciones de los operadores, figure la difusión gratuita de los canales de cable, tal y como sucede con el resto de emisoras de televisión de cobertura estatal y autonómica.
No menos importante sería introducir una Disposición Final en la Ley de Televisión Local, para que las televisiones locales anteriores a 1995, que no hayan obtenido ninguna licencia mediante concurso, puedan solicitar a la Comunidad Autónoma correspondiente un solo título habilitante. Por último, se deberían regular las televisiones locales gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, las que podrán, posiblemente, legalizarse siendo éstas de baja potencia.
Los representantes del G-9 afirman que es perfectamente asumible retrasar el apagón analógico, tal como ha sido solicitado desde Cataluña y que supondría un enorme agravio comparativo que se verificase solo en parte del territorio nacional, al entender que existen motivos sociales, técnicos y económicos suficientes para llevarlo a cabo.