El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, aseguró este lunes que cuatro millones de españoles harán la transición completa de la televisión analógica a la televisión digital terrestre (TDT) a finales de mes, lo que supone el apagado del 75 por ciento de los proyectos analógicos incluidos en la fase I del Plan Nacional de Transición a la TDT que finaliza el 30 de junio.
Ros, que hizo estas declaraciones con motivo de las segundas Jornadas de Contenidos para la Televisión Digital (Contd) que se celebran hasta este martes en la Universitat de València, explicó que 22 de los 32 proyectos incluidos en la primera fase de transición ya tienen fecha exacta de apagado, mientras que las fechas de las 10 restantes, se concretarán en las próximas semanas.
No obstante, matizó que la mayoría de los ciudadanos ya pueden ver la TDT e insistió en que en esos casos no hace falta esperarse a ningún apagado. Los informes realizados indican que el 90 por ciento de los hogares cuenta con las antenas adaptadas y que ya se han vendido 18 millones de aparatos para recibir en señal digital, entre descodificadores y televisiones adecuadas.
El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, que inauguró este lunes este ciclo de ponencias, consideró que en abril de 2010 tendrá lugar más que un apagón analógico, un encendido digital ya que el nuevo modelo de televisión implicará una nueva era para los formatos televisivos que traerá nuevos derechos y oportunidades para los telespectadores. Además, destacó que España se haya adelantado en dos años al límite establecido por la Unión Europea para implantar de manera gratuita y universal la televisión digital.
Según aseveró el secretario de Estado, de acuerdo a las cifras reales de penetración de la TDT, España se sitúa a la cabeza de Europa. Al respecto, señaló que aunque el proceso de transición a la emisión digital ya se ha completado en algunos países como Suecia o Finlandia, estos procedimientos implicaban menor complejidad al tratarse de países más pequeños y con un menor impacto de la televisión por ondas sobre la población.
En relación con la extensión de la cobertura de la TDT hasta los 2 ó 3 puntos porcentuales del territorio nacional que escapan a las obligaciones de las televisiones públicas y privadas, Francisco Ros recordó que esta ampliación corresponde a las comunidades autónomas. Según concretó, las más lentas en la aplicación de ese proceso son Castilla y León, Galicia y País Vasco.
Financiación y Ley del Audiovisual
Además de la transición hacia la TDT, la segunda edición de estas jornadas se centrará en la nueva Ley del Sector Audiovisual y en los nuevos modelos de financiación y contenidos de las cadenas públicas, a través de conferencias, mesas redondas y paneles de expertos que contarán, entre otros, con el propietario del 33 por ciento de Mediapro, Jaume Roures, el jefe de Programas de la Televisió de Catalunya, Jordi Serra o el vicepresidente del Grupo Antena 3, Maurizio Carlotti.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de financiación de la Corporación de Radiotelevisión Española (RTVE) que prevé eliminar la publicidad y compensar el presupuesto con un plan alternativo de financiación por el cual las televisiones privadas aportarían el 3 por ciento de sus beneficios y los operadores de telecomunicaciones que suministran servicios audiovisuales pagarían un impuesto del 0,9 por ciento.
Asimismo, la Ley del Audiovisual plantea otras cuestiones relacionadas con la diferenciación de los contenidos entre las televisiónes públicas y privadas. En esta línea, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, señaló el pasado viernes que el presupuesto de la corporación para la compra de eventos deportivos se limitaría al 10 por ciento y que la televisión pública debería invertir un 20 por ciento más que las privadas en la producción de largometrajes, películas o documentales europeos.
En opinión de Ricardo Peralta, el nuevo modelo pone de relieve la apuesta del Gobierno central por una radiotelevisión pública independiente, de calidad, mayoritaria y al servicio de los ciudadanos y recalcó que se caracterizará por defender el pluralismo de los contenidos, poner énfasis en los derechos de los colectivos más desfavorecidos y en especial de los menores y por garantizar que las personas con discapacidad pueden acceder a los servicios audiovisuales.