El Tribunal Supremo ha declarado nulas todas las adjudicaciones locales de Televisión Digital Terrestre (TDT) que otorgó la Generalitat Valenciana a principios del año 2006, cuando Francisco Camps era jefe del Consell, por falta de la objetividad e imparcialidad que es propia de los órganos técnicos de la Administración durante los trámites.
El 30 de enero de 2006, el entonces conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat Valenciana, Esteban González Pons, dictó una resolución para adjudicar 42 licencias privadas de cobertura local. Se ofertaron 14 lotes, cada uno de ellos compuesto a su vez por tres canales. Cada lote comprendía una demarcación territorial integrada, a su vez, por varios términos municipales.
Tele Elx, la primera televisión local que emitió en la Comunidad Valenciana, quedó fuera de las adjudicaciones y denunció el dictamen. El Tribunal Superior de Justicia desestimó su denuncia pero ahora el Supremo le ha dado la razón. El principal argumento del Supremo es que la Mesa de Contratación que debía evaluar los distintos candidatos a obtener las licencias no ponderó los criterios recogidos en el pliego de condiciones, sino que valoró las ofertas de los candidatos con el informe que se le encargó a una empresa externa para tal efecto. Recuerda la sentencia que tanto el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 2/2000, como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que constituye la ley del concurso, imponían a la mesa de Contratación ponderar o valorar las ofertas presentadas. Sin embargo esta función en realidad se delega o externaliza a una empresa, Doxa Consulting.
El Tribunal asegura que es posible recurrir a un asesoramiento externo pero ello no supone asumir sin más la valoración hecha por esa empresa externa, dando por buena su valoración, incumpliendo la Mesa de Contratación de forma flagrante su función de valorar las ofertas que es propia e indelegable.
Carece de objetividad e imparcialidad
La sentencia considera que una entidad privada como a la que recurrió la Generalitat puede tener una competencia técnica indiscutible, pero carece de las notas de objetividad e imparcialidad que es propia de los órganos técnicos de la Administración. Cuestión distinta sería si, a partir de la valoración hecha por Doxa Consulting, la Mesa de Contratación hubiera matizado, modulado o corregido dichos criterios, es decir, se hubiera servido de esa evaluación previa, basada en el conocimiento y experiencia técnica de Doxa Consulting para hacer su propia valoración. Sin embargo ello no ha sido así, relata la sentencia.
El Supremo cree que en el reparto de licencias no hubo ponderación, sino simplemente la asunción de la puntuación numérica otorgada por Doxa Consulting y censura que en la resolución dictada en enero de 2006 por el conseller González Pons no reflejaba la valoración de Doxa Consulting. El Tribunal concluye que el recurrente, Tele Elx, no podía conocer las razones por las que su oferta no fue seleccionada, a pesar de que el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) exige a la Administración motivar la resolución de adjudicación.
«Medios afines al PP»
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha celebrado la sentencia, que, según ella, pone fin a uno de los mayores ataques a la democracia y a la libertad de expresión que se han registrado en el País Valenciano. Mollà ha indicado que el Gobierno de Camps otorgó las licencias de TDT a empresas que incumplían de manera evidente los plazos de emisión o el pliegue de condiciones para no emitir programación local, pero contaban con el requisito fundamental para el PP: ser medios afines a la Conferencia Episcopal o a la extrema derecha, entre los cuales se encuentran también emprensas relacionadas con la trama Gürtel.
Uno de los grandes beneficiados por el proceso de adjudicación fue el empresario José Luis Ulibarri, que obtuvo trece de las catorce concesiones que otorgó el Consell a través de la empresa Mediamed. Ulibarri fue imputado en el «caso Gürtel». Según Mollà, González Pons, que entonces era conseller de Relaciones Institucionales, puso en marcha toda esta operación para perpetuar el ideario del PP, al adjudicar 40 de las 42 licencias a medios de tendencia conservadora.
El grupo parlamentario de Compromís en Las Cortes ha solicitado realizar una interpelación al pleno y ha pedido la comparecencia del conseller de Presidencia, José Císcar, para conocer cuál será la política que ponga en marcha a partir de ahora el Gobierno del PP.