Las emisoras que sí tienen la concesión denunciarán ante la Junta a esta empresa ubicada en San Fernando.
La Unión Andaluza de Televisiones (Unatel) y la Asociación de Televisiones Locales de Andalucía (Acutel), mostraron ayer su más «enérgica repulsa e indignación» ante la aparición en la provincia de Cádiz del primer canal de TDT que pone en antena su programación de forma «pirata», es decir, sin contar con la debida autorización administrativa.
Según ambas organizaciones, la televisión responsable de este hecho es Onda Bahía, sociedad que tiene su ubicación en San Fernando, y que al parecer ha comenzado a emitir desde uno de los repetidores ubicados en la sierra San Cristóbal de Jerez, y cuya cobertura llega a toda la Bahía. Onda Bahía realiza sus emisiones mediante señal digital terrestre en el canal 36 de UHF, un canal que según ha podido saber este medio corresponde a la provincia de Córdoba.
Hay que recordar que el proceso de concesiones de licencias para la emisión en TDT en Cádiz recayó en cuatro empresas, tres de las cuales se encuentran en estos momentos llevando a cabo emisiones diarias (Onda Cádiz, Ondaluz y UNA Bahía). La realización de emisiones en TDT sin contar con título habilitado para ello puede acarrear una sanción de entre los 500.000 y un millón de euros.
Según explicó ayer a LA VOZ el director de Onda Cádiz, Juan Carlos Jiménez, el Órgano Gestor del Canal Múltiple que corresponde a la demarcación TDT de Cádiz, tiene previsto presentar hoy una denuncia formal ante la Junta, y exigirá el «cese inmediato de la emisión ilegal identificada como Onda Bahía».
Esoditel se defiende ante las acusaciones de emisión ilegal
Ante las informaciones aparecidas con relación a la aparición en la provincia de Cádiz de Onda Bahía, cuya emisión es calificada de «pirata» al no contar según ustedes «con la debida autorización administrativa», la entidad Esoditel se ve obligada a responder a ellas y ante la opinión gaditana que desconoce los aspectos formales y legales con relación a ese asunto».
1) Se señala en la información periodística que «la realización de emisiones en TDT sin contar con título habilitado para ello puede acarrear una sanción de entre los 500.000 y el millón de euros». Sin embargo el matiz amedrentador de la información, vivimos felizmente en un estado de derecho donde las resoluciones judiciales son imperio y no las decisiones político-administrativas, ya que en caso contrario las decisiones arbitrales que afectan a los ciudadanos responderían a intereses parciales y no al general de todos.
2) Dicho lo anterior me complace aclararles que la situación de legalidad o ilegalidad de la referida Onda Bahía sería provisionalmente idéntica a la de los cuatro canales que en la provincia de Cádiz han sido los adjudicatarios de concesiones de licencias para la emisión en TDT. Como ustedes deberían saber, dicha adjudicación ha sido recurrida judicialmente ante el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía. Por consiguiente, la sujeción al proceso de concesiones administrativas que nos ocupa quedaría cautelarmente paralizado en tanto los tribunales de justicia se pronuncien a favor de una u otra parte.
3) Siendo así que las decisiones políticas en cualquier estado de derecho quedan incardinadas a las resoluciones judiciales, y nunca al revés, la legalidad de Onda Bahía y otras televisiones que emiten mediante señal digital terrestre en el canal 36 de UHF sería idéntica a la de las cuatro empresas que lo hacen a través del múltiple 52 de UHF en virtud de una decisión política, supuestamente constitutiva de un delito de prevaricación.
4) Es inopinable que las adjudicaciones en la demarcación de Cádiz y en el resto de las andaluzas han obedecido a criterios partidarios y a objetivos diametralmente opuestos al interés de los televidentes. Bajo la cobertura de una decisión administrativa supuestamente inspirada en el interés general se han camuflado intereses espurios, voluntades políticas y múltiples arbitrariedades acreditadas en algunos casos por la insolvencia económica de muchos de los beneficiarios en Andalucía. Tales circunstancias, que sólo desde el sectarismo podrían ignorarse, nos impele al convencimiento de que, más pronto que tarde, los tribunales andaluces de justicia deberán pronunciarse sobre hechos presumiblemente constitutivos de graves delitos. En algunas comunidades autónomas de nuestro país se han sustanciado ya algunas decisiones legales por hechos bastante parecidos a los denunciados en este comunicado.
5) Reiteramos el convencimiento de que la casta política andaluza ha actuado al socaire de sus propias metas políticas en este asunto. De haber prevalecido la transparencia y la rectitud exigibles durante el reparto de los canales, nunca habrían sido excluidas empresas históricas que a lo largo de los últimos 20 años han demostrado su acatamiento a tres principios a nuestro entender nucleares: pluralismo informativo, compromiso con Andalucía y generación de cientos de puestos de trabajo.
6) Por último, nos vemos obligados a recordar una obviedad que aunque en teoría sabida no siempre llega a entenderse en la práctica. En un estado genuinamente de derecho, el deber de los tribunales es tratar de conciliar lo legal con lo más justo. En ese sentido nos amparan toneladas de razones para sentirnos optimistas y encarecerles por tanto para que, cuando informen sobre las empresas vinculadas a Esoditel, lo hagan con un mayor punto de rigor y una menor dosis de parcialidad y hostilidad.