Índice de la Ley 11/1998

Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones

1 Texto
2 Título I. Disposiciones generales
3 Artículo 1. Objeto de la Ley.
4 Artículo 2. Las telecomunicaciones como servicios de interés general.
5 Artículo 3. Objetivos de la Ley.
6 Artículo 4. Planes y recomendaciones.
7 Artículo 5. Servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional y la protección civil.
8 Título II. La prestación de servicios y el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones en régimen de libre competencia.
9 Capítulo I. Disposiciones generales
10 Artículo 6. Principios aplicables.
11 Artículo 7. Títulos habilitantes y supuestos en los que no es preceptiva su obtención.
12 Artículo 8. Registros Especiales de Titulares de Licencias Individuales y de Titulares de Autorizaciones Generales.
13 Artículo 9. Procedimiento de ventanilla única.
14 Capítulo II. Autorizaciones generales
15 Artículo 10. Ámbito.
16 Artículo 11. Condiciones que pueden imponerse a las autorizaciones generales.
17 Artículo 12. Procedimiento para la obtención de las autorizaciones generales.
18 Artículo 13. Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios de las autorizaciones generales.
19 Artículo 14. Condiciones para la prestación de nuevos servicios.
20 Capítulo III. Licencias individuales
21 Artículo 15. Ámbito.
22 Artículo 16. Condiciones que pueden imponerse a los titulares de las licencias individuales.
23 Artículo 17. Requisitos exigibles a los titulares de licencias individuales.
24 Artículo 18. Procedimiento de otorgamiento de licencias individuales.
25 Artículo 19. Denegación, revocación, extinción y transmisión de licencias individuales.
26 Artículo 20. Limitación del número de licencias individuales.
27 Artículo 21. Procedimiento para el otorgamiento en los supuestos de limitación del número de licencias individuales.
28 Capítulo IV. Interconexión y acceso a las redes
29 Artículo 22. Principios de la interconexión.
30 Artículo 23. Operador dominante.
31 Artículo 24. Principios aplicables al acceso a las redes.
32 Artículo 25. Resolución de conflictos.
33 Artículo 26. Principios aplicables a los precios de interconexión.
34 Artículo 27. Contabilidad de costes.
35 Artículo 28. Publicidad y transparencia de las ofertas de interconexión.
36 Artículo 29. Normas técnicas.
37 Capítulo V. Numeración
38 Artículo 30. Principios generales.
39 Artículo 31. Planes Nacionales de Numeración.
40 Artículo 32. Uso de los recursos públicos de numeración.
41 Artículo 33. Conservación de los números telefónicos por los abonados.
42 Capítulo VI. Separación de cuentas
43 Artículo 34. Separación de cuentas y suministro de información financiera.
44 Título III.Obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones
45 Capítulo I. Obligaciones de servicio público
46 Artículo 35. Delimitación de las obligaciones de servicio público.
47 Artículo 36. Categorías de obligaciones de servicio público.
48 Artículo 37. Concepto y ámbito de aplicación.
49 Artículo 38. Prestación del servicio universal de telecomunicaciones.
50 Artículo 39. Financiación del servicio universal de telecomunicaciones.
51 Artículo 40. Servicios incluidos dentro de esta categoría.
52 Artículo 41. Prestación y financiación de los servicios obligatorios.
53 Artículo 42. Otras obligaciones de servicio público.
54 Capítulo II. Derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento, a su favor, de servidumbres y de limitaciones a la propiedad
55 Artículo 43. Titulares de los derechos.
56 Artículo 44. Derecho de ocupación del dominio público.
57 Artículo 45. Ocupación del dominio público local.
58 Artículo 46. Expropiación forzosa.
59 Artículo 47. Uso compartido de los bienes de titularidad pública o privada objeto de los derechos de ocupación regulados en los artículos anteriores.
60 Artículo 48. Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad.
61 Capítulo III. Secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de telecomunicaciones
62 Artículo 49. Secreto de las comunicaciones.
63 Artículo 50. Protección de los datos de carácter personal.
64 Artículo 51. Interceptación de las telecomunicaciones por los servicios técnicos.
65 Artículo 52. Cifrado en las redes y servicios de telecomunicaciones.
66 Artículo 53. Redes de telecomunicaciones en el interior de los edificios.
67 Artículo 54. Derechos de los usuarios.
68 Título IV. Evaluación de la conformidad de equipos y aparatos
69 Artículo 55. Evaluación de la conformidad.
70 Artículo 56. Procedimiento para la evaluación de la conformidad de los equipos y aparatos con la normativa aplicable.
71 Artículo 57. Necesidad de la evaluación de la conformidad.
72 Artículo 58. Competencias compartidas.
73 Artículo 59. Reconocimiento mutuo.
74 Artículo 60. Condiciones a los instaladores.
75 Título V. Dominio público radioeléctrico
76 Artículo 61. Gestión del dominio público radioeléctrico.
77 Artículo 62. Facultades del Gobierno para la gestión del dominio público radioeléctrico.
78 Artículo 63. Títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.
79 Artículo 64. Protección del dominio público radio eléctrico.
80 Artículo 65. Control, inspección y régimen sancionador.
81 Título VI. La administración de las telecomunicaciones
82 Artículo 66. Competencias de la Administración General del Estado.
83 Artículo 67. Facultades del Gobierno y del Ministerio de Fomento.
84 Artículo 68. Actividades de fomento, investigación y desarrollo.
85 Artículo 69. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
86 Artículo 70. El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.
87 Título VII. Tasas en materia de telecomunicaciones
88 Artículo 71. Tasa por autorizaciones generales y licencias individuales para la prestación de servicios a terceros.
89 Artículo 72. Tasas por numeración.
90 Artículo 73. Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
91 Artículo 74. Tasas de telecomunicaciones.
92 Artículo 75. Gestión recaudatoria de tasas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y por el Ministerio de Fomento.
93 Título VIII. Inspección y régimen sancionador
94 Artículo 76. Funciones inspectoras y sancionadoras.
95 Artículo 77. Responsabilidad por las infracciones en materia de telecomunicaciones.
96 Artículo 78. Clasificación de las infracciones.
97 Artículo 79. Infracciones muy graves.
98 Artículo 80. Infracciones graves.
99 Artículo 81. Infracciones leves.
100 Artículo 82. Sanciones.
101 Artículo 83. Prescripción.
102 Artículo 84. Competencias sancionadoras.
103 Artículo 85. Procedimiento sancionador.
104 Disposición adicional primera. Uso especial del espectro radioeléctrico por radioaficionados y otros derechos de uso sin contenido económico.
105 Disposición adicional segunda. Aplicación excepcional de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
106 Disposición adicional tercera. Limitaciones y servidumbres.
107 Disposición adicional cuarta. Significado de los términos empleados por esta Ley.
108 Disposición adicional quinta. Modificaciones de la Ley 4/1980, de 10 de enero, y de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre.
109 Disposición adicional sexta. La entidad pública empresarial de la Red Técnica Española de Televisión.
110 Disposición adicional séptima. Coordinación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones con el Tribunal de Defensa de la Competencia.
111 Disposición adicional octava. Modificación de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones.
112 Disposición adicional novena. Régimen de libre concurrencia en la prestación de servicios de difusión.
113 Disposición adicional décima. Régimen especial aplicable a Canarias, en atención a las circunstancias de lejanía e insularidad.
114 Disposición adicional undécima. Aplicación de la legislación reguladora de las infraestructuras comunes en los edificios; de la Ley 17/1997, de 3 de mayo, modificada por el Real Decreto-ley 16/1997, de 11 de septiembre, y de la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 66/1996, de 30 de diciembre.
115 Disposición transitoria primera. Derechos reconocidos y títulos otorgados antes de la entrada en vigor de esta Ley.
116 Disposición transitoria segunda. Limitación de licencias en función de la escasez del recurso público de numeración.
117 Disposición transitoria tercera. Operador inicialmente dominante.
118 Disposición transitoria cuarta. Fijación de precios y recargo sobre los mismos.
119 Disposición transitoria quinta. Normas reglamentarias reguladoras de la recaudación de tasas y cánones.
120 Disposición transitoria sexta. Régimen aplicable a los servicios de radiodifusión y de televisión.
121 Disposición transitoria séptima. Servicio portador soporte de los servicios de difusión.
122 Disposición transitoria octava. Contrato del Estado con «Telefónica de España, Sociedad Anónima».
123 Disposición transitoria décima. Régimen transitorio para la fijación de las tasas establecidas en los artículos 71, 72 y 73.
124 Disposición transitoria undécima. Ejercicio de la potestad sancionadora por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
125 Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
126 Disposición final primera. Fundamento constitucional.
127 Disposición final segunda. Competencias de desarrollo.
128 Disposición final tercera. Refundición de textos legales.
129 Disposición final cuarta. Entrada en vigor de la Ley.
130 Firma
131 Anexo. Definiciones

Contenido

Texto

El sector de las telecomunicaciones fue considerado históricamente uno de los ejemplos clásicos del denominado «monopolio natural». Esta consideración sufrió la primera quiebra en el ámbito comunitario, como consecuencia de la publicación, en 1987, del «Libro verde sobre el desarrollo del Mercado Común de los Servicios y Equipos de Telecomunicaciones». En este libro verde, se proponía una ruptura parcial de dicho monopolio y una separación entre los servicios de telecomunicaciones que, hasta entonces, se ofrecían, todos ellos, asociados entre sí, al servicio telefónico y a su red. Esta separación permitió comenzar a distinguir entre redes y servicios básicos y otras redes, equipamientos y servicios. Dentro de esta segunda categoría, podría, en algunos casos, actuarse en régimen de libre concurrencia. Establecía el libro verde, asimismo, una serie de principios y criterios para la liberalización de los servicios de telecomunicaciones en los países de la Unión Europea en años sucesivos.

En paralelo con el libro verde y de acuerdo con los principios recogidos en él, se aprobó en España, en el mismo año, la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, que, como su propio preámbulo señala, supone el primer marco jurídico básico de rango legal aplicable al sector de las telecomunicaciones y el inicio del proceso liberalizador en nuestro país.

El carácter dinámico de las telecomunicaciones, la evolución del proceso liberalizador, tanto en el seno de la Organización Mundial del Comercio como en el ámbito de la Unión Europea, y la eliminación progresiva de los vestigios del monopolio natural, hicieron que, en un corto período de tiempo, la Ley española de 1987 quedase desfasada y fuera necesario reformarla en profundidad. Así, se llevaron a cabo sucesivas adaptaciones de la Ley, bien por medio de modificaciones expresas de ésta, a través de las alteraciones producidas por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, o por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, o bien como consecuencia de la aprobación de leyes sectoriales que establecieron un régimen jurídico distinto para determinados ámbitos concretos, como la Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por Satélite, o la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable.

La conclusión, en el seno de la Unión Europea, de las deliberaciones sobre los principios básicos a aplicar en la liberalización del sector y sobre el calendario del proceso liberalizador y la firme voluntad del Gobierno español de agilizar éste, exigen la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones que sustituye a la de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987 y establece un marco jurídico único.

La rúbrica de la Ley, Ley General de Telecomunicaciones, anuncia ya que, principalmente, lo regulado en ella es un ámbito liberalizado, disminuyendo el control administrativo que sobre él existía. No obstante, una de las finalidades esenciales que la Ley persigue es garantizar, a todos, un servicio básico a precio asequible, el denominado servicio universal.

El texto de la Ley incorpora los criterios establecidos en las disposiciones comunitarias, vigentes o en proyecto, principalmente los contenidos en la Directiva 90/387/CEE, del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones, mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones; en la Directiva 97/51/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, por la que se modifica la inicialmente citada y la 92/44/CEE para su adaptación a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones; en la Directiva 92/44/CEE, del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas alquiladas; en la Directiva 95/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal, cuya modificación prevé la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación de una red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal en las telecomunicaciones en un entorno competitivo; en la Directiva 96/19/CE, de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones; en la Directiva 97/13/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y de licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones; en la Directiva 97/33/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las redes de telecomunicaciones, para garantizar el servicio universal y la interoperabilidad, mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) y en la Directiva 97/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad.

Del análisis del contenido de la Ley resulta lo si guiente:

1º Persigue promover la plena competencia mediante la aplicación de los principios de no dis criminación y de transparencia en la prestación de la totalidad de los servicios (Título I). Al mismo tiempo, se establecen mecanismos de salvaguarda que garanticen el funcionamiento correcto y sin distorsiones de la competencia y el otorgamiento a la Administración de facultades suficientes para garantizar que la libre competencia no se produzca en detrimento del derecho de los ciudadanos al acceso a los servicios básicos, permitiendo a aquélla actuar en el sector, con el fin de facilitar la cohesión social y la territorial.

2º Otra novedad importante es el establecimiento de un sistema de autorizaciones generales y de licencias individuales para la prestación de los servicios y la instalación o explotación de redes de telecomunicaciones (Título II), por el que se adapta el esquema tradicional en nuestro Derecho, de concesiones y de autorizaciones administrativas, al régimen para el otorgamiento de títulos habilitantes, impuesto por las Directivas Comunitarias. También se regula la interconexión de las redes, con la finalidad fundamental de garantizar la comunicación entre los usuarios, en condiciones de igualdad y con arreglo al principio de leal competencia entre todos los operadores de telecomunicaciones.

3º Se regulan, en el Título III, las obligaciones de servicio público, que se imponen a los explotadores de redes públicas y prestadores de servicios de telecomunicaciones disponibles para el público, garantizando así la protección del interés general en un mercado liberalizado. Estas obligaciones incluyen la exigencia de la utilización compartida de las infraestructuras, para reducir al mínimo el impacto urbanístico o medioambiental derivado del establecimiento incontrolado de redes de telecomunicaciones. Destaca en este Título, particularmente, la regulación del denominado servicio universal de telecomunicaciones, cuyo acceso se garantiza a todos los ciudadanos. La Ley recoge el contenido mínimo del servicio universal, pero prevé su ampliación y adaptación futura, por vía reglamentaria, en función del desarrollo tecnológico. Además, se incluyen en este Título disposiciones relativas al secreto de las comunicaciones, la protección de los datos personales y el cifrado, dirigidas, todas ellas, a garantizar técnicamente los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.

4º También se adapta a la normativa comunitaria, el régimen de certificación de aparatos de telecomunicaciones (Título IV) y el régimen de gestión del dominio público radioeléctrico (Título V).

5º En el Título VI se regula el sistema de distribución de competencias entre los distintos entes y órganos de la Administración General del Estado. En particular, se pone especial atención en dotar de unas competencias básicas en el ámbito de las telecomunicaciones a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, permitiendo a ésta contar con el apoyo del personal preciso y con los medios económicos adecuados.

6º Por otro lado, se unifica el régimen de tasas y cánones aplicables a los servicios de telecomunicaciones, en el Título VII.

7º El Título VIII revisa y actualiza el sistema de infracciones y sanciones, armonizándolo con la nueva distribución de competencias entre las autoridades administrativas y respetando el principio de la necesaria tipificación, en sede legal, de las conductas ilícitas.

8º Por último, es importante destacar que con el cambio profundo de filosofía que sobre la regulación del sector de las telecomunicaciones se recoge en esta Ley, se pretenden implantar, de forma gradual, los mecanismos propios de un régimen plenamente liberalizado. Así, respetando rigurosamente los plazos fijados por la normativa comunitaria, se establece un régimen de transición al nuevo sistema para los títulos otorgados al amparo de la normativa hasta ahora vigente, que habiliten para la prestación de servicios o para la explotación de redes.

Cierran la Ley once disposiciones adicionales, once transitorias, una derogatoria y cuatro finales, en las que, entre otros extremos, se regulan la radiodifusión y la televisión y se establece un cuadro de normas derogadas, y un anexo en el que se definen determinados conceptos empleados en el articulado.

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